La justicia colombiana ha dado un primer paso en el esclarecimiento del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. A poco menos de tres meses del atentado, un juzgado de Bogotá condenó a siete años de privación de la libertad a un adolescente implicado directamente en el crimen que estremeció al país.
El menor, cuya identidad permanece protegida por ley, fue quien disparó el arma el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, donde el senador participaba en una concentración política. El joven, según las investigaciones, fue reclutado para cometer el crimen por un grupo criminal que le proporcionó el arma y lo condujo hasta el lugar del atentado.
De acuerdo con los fiscales, el adolescente fue transportado por Carlos Eduardo Mora González, mientras que el arma homicida le fue entregada por Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”. Al llegar al parque, descendió del vehículo, se acercó al senador y le disparó a quemarropa. Intentó huir, pero fue capturado por miembros del esquema de seguridad del congresista.
Días después, Miguel Uribe falleció producto de las heridas. Lo que inicialmente fue investigado como un intento de homicidio se convirtió en un magnicidio con profundas repercusiones políticas y sociales.
Durante la audiencia del 4 de agosto, el menor aceptó los cargos de homicidio en grado de tentativa (pues la acusación fue formulada antes del fallecimiento del senador) y porte ilegal de armas. Finalmente, el juzgado impuso una de las sanciones más severas que permite la Ley de Infancia y Adolescencia: 84 meses en un centro de atención especializada para menores infractores.
Sin embargo, la sentencia ha generado controversia. El abogado de la familia Uribe expresó su inconformidad con el fallo, alegando que la pena no es proporcional a la gravedad del crimen. “No se trata solo de una vida perdida, sino del dolor causado a toda una familia y a una nación”, afirmó. También advirtió que la legislación actual podría estar siendo usada por organizaciones criminales que ven en los menores de edad una forma de eludir penas severas.
Mientras tanto, las autoridades continúan investigando a los autores intelectuales del asesinato. La opinión pública se mantiene expectante ante un caso que no solo enluta a la política nacional, sino que también pone en el centro del debate el uso de menores en el crimen organizado y los límites de la justicia juvenil en Colombia.
