Un nuevo escándalo sacude al sistema penitenciario colombiano y pone en evidencia profundas fallas en los controles internos. Esta vez, el epicentro de la polémica es la cárcel de Itagüí, donde internos fueron sorprendidos en medio de una parranda vallenata que dista por completo de las condiciones que deberían imperar en un centro de reclusión.
El insólito hallazgo se produjo durante un operativo sorpresa adelantado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que dejó al descubierto un escenario que, según las propias autoridades, se asemeja más a un “hotel de lujo” que a una prisión de alta seguridad.
Durante la inspección, los funcionarios encontraron un arsenal de comodidades prohibidas: 62 neveras, 11 estufas, 26 ollas eléctricas, además de licuadoras, sanducheras, bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas. Los elementos estaban distribuidos en distintas celdas, lo que sugiere no solo la magnitud del descontrol, sino también una posible red de permisividad sistemática dentro del penal.
La gravedad del caso obligó a una reacción inmediata. El director del INPEC, Daniel Fernando Gutiérrez, confirmó que al menos 11 funcionarios penitenciarios serán apartados de sus cargos por presuntas fallas en el cumplimiento de sus funciones, abriendo la puerta a investigaciones disciplinarias y penales.
Según versiones preliminares, varios de los internos involucrados estarían vinculados al denominado ‘Tarimazo’, un grupo señalado de actividades criminales que, al parecer, habría logrado mantener privilegios indebidos dentro del centro carcelario.
Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, el escándalo deja al descubierto una preocupante realidad: en algunas cárceles del país, la línea entre castigo y privilegio parece haberse desdibujado peligrosamente.
