La crisis política por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) escala a un nuevo nivel. La representante a la Cámara Karen Manrique fue trasladada a una guarnición militar en Malambo, Atlántico, para cumplir una medida restrictiva ordenada por la Corte Suprema de Justicia, en medio de una investigación que amenaza con destapar uno de los entramados más graves de presunta compra de apoyos políticos en el país.
La congresista, capturada por orden del alto tribunal, fue inicialmente recluida en la cárcel El Buen Pastor. Sin embargo, tras alegar amenazas en su contra, su defensa solicitó el traslado al Batallón de Ingenieros de Combate N.° 2 General Francisco Javier Vergara y Velasco, donde ahora permanece bajo custodia militar.
El caso contra Karen Manrique no es aislado. Hace parte de una investigación más amplia que apunta a una presunta red de corrupción dentro de la UNGRD, en la que recursos públicos y contratos habrían sido utilizados como moneda de cambio para asegurar votos clave en el Congreso.
Según la Corte Suprema de Justicia, Manrique y otros legisladores, entre ellos Wadith Manzur, habrían incurrido en el delito de cohecho impropio al aceptar dádivas a cambio de respaldar operaciones de crédito del Gobierno en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Las autoridades sostienen que, durante el segundo semestre de 2023, se habrían tejido acuerdos con funcionarios del Ministerio de Hacienda y de la UNGRD para direccionar contratos y proyectos en departamentos como Córdoba, Arauca y Bolívar. A cambio, los congresistas implicados habrían emitido votos favorables y facilitado el avance de iniciativas oficiales.
El expediente judicial revela detalles delicados como registros de reuniones, comunicaciones y testimonios de exfuncionarios que apuntan a la existencia de un esquema organizado. Entre septiembre y diciembre de 2023, según la investigación, se habrían definido montos, proyectos y beneficios específicos.
En ese entramado, Wadith Manzur habría liderado la interlocución con funcionarios del Gobierno, mientras que Karen Manrique desempeñaba un rol clave en la supervisión de los acuerdos y el enlace con entidades ejecutoras.
Los testimonios describen un sistema en el que la asignación de recursos públicos no respondía a criterios técnicos, sino a compromisos políticos, consolidando una red de favores que hoy está bajo la lupa de la justicia.
La defensa de Manrique insiste en su inocencia y asegura que la congresista colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos. No obstante, su situación judicial pone en entredicho su futuro político pues su reciente reelección para un segundo periodo en las curules de paz por Arauca podría quedar en suspenso si continúa privada de la libertad de cara a su posesión el próximo 20 de julio.
El traslado a una guarnición militar no solo refleja la gravedad de las amenazas denunciadas, sino también la dimensión de un escándalo que ya golpea la credibilidad del Congreso y que podría escalar a más nombres en las próximas semanas.
Mientras avanza el proceso, el país observa cómo uno de los organismos clave para la atención de emergencias termina en el centro de una tormenta política y judicial que apenas comienza.
