El panorama de seguridad en el país se deteriora a pasos acelerados. Esta vez, la alerta proviene de Arauca, donde cinco uniformados del Ejército Nacional fueron secuestrados por un grupo armado ilegal en la vereda Santo Domingo, zona rural del municipio de Tame —uno de los epicentros del conflicto en la región fronteriza con Venezuela—.
Según confirmaron fuentes castrenses a un medio nacional, los militares viajaban en un bus interdepartamental cuando fueron interceptados y obligados a descender del vehículo por hombres armados que instalaron un retén en plena vía. Los soldados regresaban de permiso y se dirigían a su unidad cuando fueron retenidos.
El secuestro fue confirmado oficialmente por la Defensoría del Pueblo, que exigió su liberación inmediata y sin condiciones, advirtiendo que de no hacerlo se configuraría el delito internacional de toma de rehenes.
“Cinco militares fueron privados de la libertad en Santo Domingo, Tame. Exigimos su liberación inmediata”, publicó la entidad en sus redes sociales.
Las autoridades militares y de Policía articulan operativos conjuntos para dar con el paradero de los uniformados, mientras se refuerza la presencia institucional en los corredores estratégicos de Tame, Fortul y Arauquita, zonas bajo fuerte influencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.
El secuestro de los cinco soldados no es un hecho aislado. En la misma región permanecen retenidos dos funcionarios de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, así como los agentes de la Dijín, Yordyn Pérez Mendoza y Franque Hoyos Murcia, todos en poder del ELN.
Las cifras son alarmantes: entre enero y noviembre de 2025, 437 personas han sido secuestradas en Colombia, de las cuales 304 son civiles. De esos casos, 133 víctimas pertenecen a la fuerza pública, y en siete eventos recientes las personas aún siguen en cautiverio —cuatro militares y tres policías—.
Las autoridades advierten que los picos de secuestro se concentran en los departamentos donde el Estado ha perdido control territorial frente a estructuras armadas ilegales. Arauca, Cauca, Nariño y Norte de Santander encabezan la lista.
En Arauca, los grupos armados no solo ejercen control militar, sino también control social. Amenazas, confinamientos, desplazamientos forzados, extorsiones y la presencia de minas antipersonal hacen parte del día a día de las comunidades campesinas, que viven atrapadas entre la desconfianza hacia los ilegales y la lejanía de la institucionalidad.
A este clima de tensión se suma el riesgo de enfrentamientos directos entre el ELN y las disidencias, una disputa que podría desencadenar una nueva ola de violencia en el oriente colombiano.
Mientras el Gobierno nacional insiste en mantener abiertos los diálogos de paz con los grupos insurgentes, los hechos en Arauca ponen en entredicho la efectividad del proceso.
Cada secuestro, cada retención y cada amenaza parecen alejar al país de la “paz total” prometida.
Hoy, Arauca vuelve a ser símbolo de una herida abierta: la del secuestro como arma política y militar, y la de una ciudadanía que, entre el miedo y la desprotección, sigue esperando que el Estado regrese.
