Una nueva tormenta política sacude al Congreso. A pocas horas de iniciar la discusión plenaria del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, solo tres de los once senadores designados como ponentes y coordinadores firmaron el documento que define el gasto del país para el próximo año.
El proyecto, que asciende a $546,9 billones, debía contar con el respaldo de cinco coordinadores y seis ponentes, pero únicamente John Jairo Roldán y Claudia Pérez, del Partido Liberal, y Aída Avella, del Pacto Histórico, estamparon su firma.
El resto de congresistas se abstuvo de hacerlo o no respondió, generando un fuerte ruido político que pone en duda la solidez del acuerdo fiscal más importante del Gobierno Petro en el ocaso de su administración.
“El presupuesto no puede seguir siendo una carta de buenas intenciones sin financiación real”, dijo una fuente cercana a la Comisión Cuarta, que pidió reserva de su nombre, evidenciando el malestar dentro de los partidos que apoyan al Ejecutivo.
El debate no solo se centra en el monto del presupuesto, sino en su dependencia directa de la nueva reforma tributaria —denominada 3.0—, con la que el Gobierno busca recaudar $26,3 billones adicionales.
Sin esa ley de financiamiento, el presupuesto se quedaría sin sustento económico, lo que ha generado críticas incluso dentro de sectores afines al oficialismo.
“El monto del PGN corresponde al 28,9% del PIB, pero casi $26 billones dependen de una ley de financiamiento que aún no ha sido aprobada”, se lee en el documento remitido a los presidentes de las comisiones económicas, Enrique Cabrales y Jairo Castellanos.
En términos de distribución, el 19% del PIB se destina a funcionamiento, 5,3% al servicio de la deuda y 4,6% a inversión pública.
Entre los puntos más polémicos de la propuesta están el incremento de impuestos al licor, los juegos de azar y ciertos eventos de entretenimiento, así como un IVA gradual para la gasolina y el diésel.
El Gobierno también propone aumentar la carga tributaria a los sectores financiero y minero, y eliminar beneficios en turismo y activos digitales, medidas que han generado rechazo en las bancadas de oposición y en el empresariado.
“No se puede castigar al consumo ni al trabajo formal para tapar el hueco fiscal que dejó la mala planeación del Ejecutivo”, advirtió un senador del Centro Democrático, al calificar la ponencia como “una bomba de tiempo económica y social”.
El hecho de que solo tres senadores firmaran el texto encendió las alarmas dentro del Congreso, pues refleja una pérdida de confianza en la estrategia fiscal del Gobierno Petro. Incluso, en sectores del Pacto Histórico hay reservas sobre la sostenibilidad de la propuesta y sobre los recortes exigidos por el Congreso para evitar que el Ejecutivo repita la maniobra de 2024, cuando aprobó el presupuesto por decreto.
En septiembre, las comisiones económicas redujeron $10 billones del monto inicial planteado por el Ministerio de Hacienda, que ascendía a $556,9 billones, en un intento por frenar la tensión entre el Legislativo y la Casa de Nariño.
Sin embargo, la fractura se profundiza. Con un presupuesto atado a una reforma tributaria incierta y un Congreso dividido, el Gobierno se enfrenta a su prueba fiscal más difícil en vísperas de un año electoral.
Lo que debía ser un trámite técnico se convirtió en una señal política preocupante: un presupuesto sin respaldo pleno, una reforma sin votos asegurados y un Gobierno con cada vez menos aliados.
Mientras tanto, la economía espera definiciones y los sectores productivos advierten sobre el impacto de nuevos impuestos.
El reloj corre para el Ejecutivo: si no logra consenso antes del 20 de octubre, el presidente Gustavo Petro podría verse obligado nuevamente a aprobar el presupuesto por decreto, desatando una nueva crisis institucional.
