La campaña presidencial de Paloma Valencia quedó sacudida tras la denuncia del presunto secuestro de Alfredo Iván Guzmán Valcárcel, hijo del exalcalde de Tame y coordinador político de la aspirante en el departamento de Arauca.
De acuerdo con las versiones preliminares, el joven habría sido interceptado por hombres armados cuando regresaba a su vivienda en zona rural de Tame y posteriormente obligado a subir a un vehículo. Desde ese momento se desconoce su paradero.
El caso provocó una inmediata reacción de la dirigente política, quien lanzó duras críticas contra la política de “paz total” impulsada por el Gobierno nacional y responsabilizó al deterioro de la seguridad en las regiones por el fortalecimiento de los grupos armados ilegales.
“Esta es la consecuencia de la paz total de Iván Cepeda, donde los violentos se han vuelto dueños del territorio colombiano”, afirmó Valencia en un pronunciamiento que rápidamente encendió el debate político en redes y sectores de oposición.
La candidata fue más allá y aseguró que, de llegar a la Presidencia, retomará una estrategia militar ofensiva contra las organizaciones armadas ilegales.
“Desde aquí les digo que nosotros no vamos a continuar con esa paz total. Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, reactivaremos las órdenes de captura y vamos a cazar como ratas a todos estos criminales”, expresó.
Además, envió un mensaje de respaldo a la familia Guzmán, una de las más reconocidas políticamente en el municipio de Tame.
“Querido alcalde Alfredo, nuestra solidaridad y nuestro compromiso de que nunca más los hijos de los colombianos quedarán en manos del narcoterrorismo”, manifestó.
Tras conocerse el hecho, unidades del Gaula y del Ejército desplegaron operativos de búsqueda en la zona, considerada uno de los corredores más complejos del conflicto armado en Arauca por la presencia y disputa territorial entre estructuras del ELN y disidencias de las Farc.
Las autoridades indicaron que, por ahora, no existe una atribución oficial sobre los responsables del secuestro. Sin embargo, organismos de inteligencia mantienen activas varias líneas de investigación debido al contexto de violencia y confrontación que vive el departamento.
El secuestro también volvió a poner sobre la mesa las advertencias de líderes regionales sobre el debilitamiento de la seguridad en Arauca, donde persisten amenazas, homicidios, extorsiones y desplazamientos forzados.
La familia Guzmán aseguró que este no sería el primer episodio violento que enfrenta, recordando antecedentes de asesinatos y ataques contra allegados, situación que incrementó la preocupación en Tame y entre dirigentes políticos del oriente del país.
El caso generó rechazo desde distintos sectores y abrió un nuevo capítulo de confrontación política alrededor de la seguridad nacional, en medio del creciente debate por el futuro de la estrategia de negociación con grupos armados ilegales.
