Un verdadero terremoto político y sanitario desató el presidente Gustavo Petro tras ordenar, en pleno Consejo de Ministros del 16 de marzo, la liquidación inmediata de todas las EPS declaradas en quiebra, sin precisar cuáles serán las primeras en desaparecer. La decisión, lanzada sin anestesia, dejó en el limbo a cerca de 23 millones de pacientes afiliados a entidades actualmente intervenidas.
“Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera; ya no tenemos alternativas”, sentenció el mandatario, marcando un punto de no retorno luego del hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso.
El anuncio encendió las alarmas en todo el país. EPS de gran cobertura como Famisanar y Coosalud, que suman más de seis millones de afiliados, podrían desaparecer del sistema. A estas se suman otras en situación crítica como Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud (SOS) y Capresoca.
El panorama es aún más delicado con Nueva EPS, la más grande del país, con cerca de 11 millones de usuarios y una deuda que supera los 21 billones de pesos entre 2022 y 2025. Petro reconoció que, al ser el Estado propietario del 50 %, la Nación tendría que asumir al menos 10 billones de esa deuda.
Los indicadores financieros del sistema no dejan margen de maniobra. Solo Famisanar acumula deudas por 2,3 billones de pesos y un deterioro patrimonial creciente, además de un aumento del 40 % en las quejas de usuarios. En conjunto, las EPS intervenidas pasaron de un patrimonio negativo de 1,3 billones en 2022 a cerca de 10 billones en 2025, evidenciando un colapso progresivo.
El caso de Coosalud encendió alertas institucionales, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación tras evidenciar que la intervención no solo fracasó, sino que agravó la crisis. En 2025, la entidad registró más de 107.000 quejas y más de 20.000 tutelas, reflejando barreras crecientes para acceder a servicios básicos.
La posible liquidación de Asmet Salud genera especial preocupación en regiones apartadas. Con presencia en departamentos como Tolima, Cauca, Nariño y Caquetá, esta EPS es, en muchos casos, el único asegurador disponible, sosteniendo la atención en zonas rurales donde el sistema ya opera al límite.
La orden presidencial abre un escenario sin precedentes, la liquidación masiva de EPS podría redefinir el modelo de salud en Colombia, pero también amenaza con desatar un caos en la atención de millones de ciudadanos.
Mientras el Gobierno insiste en que es la única salida tras el fracaso de la reforma, expertos advierten que el país podría enfrentarse a un colapso operativo si no existe un plan claro de transición.
