Aunque el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, había anunciado que el decreto del salario mínimo para 2026 se conocería oficialmente entre el 29 y 30 de diciembre, en la tarde del 28 de diciembre de 2025 comenzó a circular en redes sociales un proyecto de decreto que anticipa una decisión de alto impacto: un aumento del 23% en el salario mínimo, que pasaría de $1.423.500 a $1.750.905, es decir, $327.405 más.
La cifra confirmaría lo adelantado días atrás por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró a mediados de diciembre que el Gobierno buscaba llevar el salario mínimo hasta $1.800.000. Aunque el decreto filtrado no alcanza ese monto, sí marca el mayor incremento porcentual de las últimas décadas.
El documento, divulgado por diferentes medios de comunicación, introduce además un giro estructural en la política salarial del país: la aplicación del concepto de “salario mínimo vital”, una bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro y de las centrales sindicales.
Según el texto, la decisión se “adopta como una medida debidamente motivada y constitucionalmente razonable” y estaría orientada a:
- Preservar el poder adquisitivo del ingreso laboral frente a la inflación.
- Avanzar de manera progresiva hacia la materialización del salario mínimo vital consagrado en el artículo 53 de la Constitución.
- Garantizar los mínimos de subsistencia de los trabajadores de menores ingresos, en equilibrio con la sostenibilidad macroeconómica y la generación de empleo.
Tanto el aumento como el decreto entrarían en vigencia el 1 de enero de 2026.
El documento aclara que no se cerrará la brecha salarial en una sola vigencia fiscal, sino de manera progresiva. El aumento del 23% sería apenas el primer paso hacia la convergencia entre el salario mínimo legal y el salario vital estimado.
“La decisión de aplicar un ajuste del 23% se fundamenta técnicamente en la comparación entre el salario vital estimado y el salario mínimo legal vigente”, señala el proyecto, que plantea ajustes adicionales en los años siguientes para continuar reduciendo la brecha.
El enfoque gradual, según el Gobierno, busca evitar impactos abruptos en la estructura salarial y permitir un monitoreo permanente de las variables económicas.
El pasado 23 de diciembre, el presidente Gustavo Petro confirmó públicamente el giro conceptual:
“Salario vital, ese concepto lo ponemos en el decreto, es lo que buscamos”, afirmó, explicando que por primera vez el salario mínimo se calcularía con base en la canasta mínima vital. El mandatario sostuvo que esta visión sigue los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exige garantizar un ingreso que permita una vida digna para los trabajadores y sus familias.
Las alertas no son nuevas. El Banco de la República ha reiterado que incrementos desmesurados del salario mínimo pueden trasladarse a los precios de bienes y servicios, presionando la inflación, que en noviembre de 2025 se ubicó en 5,30% anual. Además, advirtió sobre el riesgo de afectar la generación de empleo y aumentar la informalidad, si los ajustes no guardan relación con la productividad.
Mientras el Gobierno defiende el aumento como un acto de justicia social, la filtración del decreto deja al descubierto un choque frontal entre el enfoque social y las advertencias técnicas, en un debate que promete marcar el rumbo económico y laboral de Colombia en 2026, incluso antes de que el decreto sea oficialmente expedido.
