Una nueva controversia sacude el mayor escándalo de corrupción del Gobierno nacional. Un juez de control de garantías ordenó la libertad de Sandra Ortiz tras concluir que la justicia dejó vencer los términos legales para iniciar formalmente el juicio en su contra dentro del caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
La decisión provocó un fuerte remezón político y judicial, especialmente porque Ortiz era considerada una de las piezas clave dentro de la presunta red de sobornos que habría operado desde la Ungrd para influir en el Congreso.
Según el fallo, transcurrieron 329 días desde la captura de la exfuncionaria sin que comenzara la etapa formal de juicio, superando en 89 días el plazo máximo permitido por la ley.
Ortiz permanecía detenida desde diciembre de 2024 y durante ese tiempo estuvo recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía mientras avanzaban las investigaciones.
La exconsejera enfrenta graves acusaciones relacionadas con supuestos pagos ilegales a congresistas.
Las investigaciones, respaldadas por declaraciones de los exdirectivos de la Ungrd Olmedo López y Sneyder Pinilla, señalan que Ortiz habría servido como intermediaria en la entrega de cerca de 3.000 millones de pesos destinados presuntamente a comprar apoyos políticos y favorecer decisiones legislativas.
Sin embargo, durante recientes audiencias, Sandra Ortiz insistió en que es inocente y aseguró haber sido presionada para declarar contra altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro.
“Me dijeron: ‘Si usted no acusa a ministros y no tiene chat, la vamos a imputar y la vamos a dar medida de aseguramiento’”, declaró ante el juez.
Además, negó cualquier relación directa con la contratación de la Ungrd.
“Yo no tengo nada que ver. No era ordenadora del gasto ni asesora de esa entidad”, afirmó.
La liberación de Ortiz generó inmediata preocupación dentro de las altas cortes.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Iván Mauricio Lenis, calificó como “totalmente desafortunado” que este tipo de situaciones ocurran en procesos de alto impacto nacional.
Lenis advirtió que actualmente existen interpretaciones diferentes sobre cómo deben contarse los términos procesales, situación que estaría generando incertidumbre jurídica y permitiendo la salida de investigados por vencimiento de términos.
“No podemos seguir teniendo distintas posiciones sobre cómo se cuentan los términos”, afirmó.
Incluso pidió a jueces y operadores judiciales adoptar el criterio más restrictivo para evitar nuevos casos similares.
La polémica también quedó marcada por el enfrentamiento entre la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación respecto al cálculo de los plazos judiciales.
La Fiscalía sostuvo que existían 284 días de retrasos atribuibles a maniobras dilatorias de la defensa, razón por la cual —según su interpretación— todavía faltaban 55 días para configurar el vencimiento de términos.
Pero la Procuraduría respaldó la solicitud de libertad y sostuvo que ya se habían cumplido más de 300 días de detención sin responsabilidad de la defensa, superando así el límite legal permitido.
El juicio oral contra Sandra Ortiz había comenzado oficialmente el pasado 10 de abril luego de que el Tribunal Superior de Bogotá negara la solicitud de preclusión presentada por su defensa.
El abogado Mauricio Camacho había cuestionado inconsistencias en la imputación, especialmente relacionadas con contratos inicialmente vinculados al municipio de Repelón, Atlántico, pero que posteriormente aparecieron ejecutados en Girón, Santander.
Ahora, aunque Ortiz recupera su libertad, continuará vinculada al proceso judicial mientras avanzan las investigaciones sobre uno de los escándalos de corrupción más explosivos y sensibles para el Gobierno Petro.
