Un duro golpe judicial reconfigura uno de los casos más controversiales del escenario político reciente en Colombia. La Corte Suprema de Justicia decidió archivar de manera definitiva el proceso penal que había iniciado Juliana Guerrero contra la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, desatando un nuevo capítulo de tensiones alrededor del control político y el uso de la justicia.
La decisión, conocida este viernes 20 de marzo de 2026, pone fin a una investigación que durante meses giró en torno a graves acusaciones como calumnia, acceso abusivo a sistemas informáticos y violación de datos personales. Sin embargo, el alto tribunal fue contundente y expresó que no hay mérito para investigar a Pedraza.
En un fallo de 51 páginas, la Corte no solo cerró el caso, sino que dejó un mensaje que ya genera polémica y es que la información académica, laboral y personal de quienes aspiran a cargos públicos no es reservada, sino de carácter público. Es decir, puede ser consultada y utilizada sin necesidad de autorización judicial o del titular, siempre que esté enmarcada en ejercicios de control y transparencia.
La denuncia, presentada en agosto de 2025, surgió luego de que Pedraza expusiera presuntas irregularidades en la hoja de vida de Guerrero, quien aspiraba a un alto cargo en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La funcionaria acusó a la congresista de acceder ilegalmente a registros del Icfes y de difundir información con fines de desprestigio.
Pero la Corte desmontó esa versión. Según el fallo, consultar hojas de vida en plataformas oficiales como la Presidencia o el SIGEP es una práctica legítima respaldada por los principios de publicidad y transparencia que rigen la función pública.
Además, la acusación por calumnia se cayó por un hecho que no pasó desapercibido; la inasistencia injustificada de Guerrero a la audiencia de conciliación programada en noviembre de 2025, lo que llevó al archivo inmediato de ese cargo.
Lejos de cerrarse, el caso toma un giro aún más explosivo. El origen del enfrentamiento está en las denuncias de Pedraza sobre un presunto “cartel de títulos falsos” que involucraría a cientos de funcionarios públicos, con epicentro en la Fundación de Educación Superior San José.
La congresista ha señalado la existencia de una supuesta red que incluiría a la empresa Blu Hartman y a una institución señalada como “universidad de papel”, identificada como ICAFT.
Tras el fallo, Pedraza no dudó en lanzar una fuerte crítica, pues aseguró que el proceso en su contra fue un intento de silenciar el control político mediante la judicialización.
Mientras tanto, el foco ahora se traslada a Guerrero, quien —según la información conocida— ha sido llamada junto a otros implicados a audiencias por delitos como fraude procesal y falsedad en documento público, sin que hasta el momento haya comparecido.
