La Registraduría Nacional del Estado Civil lanzó un duro golpe político al rechazar, el martes 27 de enero, la inscripción de Daniel Quintero como precandidato a la consulta presidencial del 8 de marzo del Frente por la Vida, al considerar que su postulación viola de manera directa la Constitución y la ley.
La decisión quedó consignada en la Resolución 889 del 27 de enero de 2026, en la que el órgano electoral fue categórico, no es jurídicamente viable aceptar la inscripción de un ciudadano que ya participó y fue derrotado en una consulta previa y que ahora pretende aspirar por una agrupación política distinta.
“Aceptar la inscripción de una precandidatura de un ciudadano que participó en una consulta en la que fue derrotado y, además, pretende hacerlo por una agrupación política diferente, es contrario a la Constitución y a la ley”, señala textualmente el documento.
La Registraduría sustentó su decisión en la participación de Quintero en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre, proceso del cual salió derrotado y que, a juicio del organismo electoral, lo inhabilita para volver a competir en una nueva consulta presidencial, esta vez bajo el aval del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) y el Partido del Trabajo de Colombia.
Aunque la entidad reconoció que el sistema democrático debe facilitar la participación política y el derecho a elegir y ser elegido, fue enfática en que estos derechos no son absolutos y deben ejercerse dentro de los límites que impone la ley, más aún cuando el aspirante afronta procesos penales en curso ante la Fiscalía.
Ante la controversia, la Registraduría decidió remitir el expediente al Consejo Nacional Electoral (CNE), al considerar que es esta corporación la que tiene la competencia constitucional para pronunciarse de fondo sobre la legalidad de las candidaturas inscritas, conforme al artículo 265 de la Constitución Política y a la Ley 1475 de 2011.
El registrador delegado en lo electoral, Jaime Hernando Suárez Bayona, dejó en firme el rechazo y ordenó que sea el CNE el que defina si Quintero puede o no participar en la consulta de los movimientos progresistas.
