La reforma tributaria del Gobierno sufrió este martes su golpe más contundente: ambas cámaras del Congreso, en un movimiento casi sincronizado, avanzaron hacia su archivo definitivo. Lo que hasta hace un mes era un debate trabado y lleno de dudas, hoy es prácticamente un proyecto muerto.
El primer campanazo lo dio el Senado. El experimentado senador conservador Efraín Cepeda logró lo que el Ejecutivo no vio venir: reunir 10 firmas de los 17 miembros de la Comisión Tercera, suficiente para romper la débil coalición oficialista y dejar al Gobierno sin las mayorías necesarias para mantener con vida la iniciativa.
“Es una mayoría absoluta para frenar esta reforma que golpea a las clases bajas y medias”, afirmó Cepeda en tono firme, advirtiendo que el impuesto al carbono encarecería la gasolina y afectaría a los 12 millones de motociclistas que dependen del vehículo para trabajar y subsistir.
La lista de respaldos deja al proyecto sin oxígeno: Juan Pablo Gallo, Ciro Ramírez, Antonio Zabaraín, Liliana Bitar, Mauricio Gómez, Juan Carlos Garcés, Jairo Castellanos, Karina Espinosa y María Angélica Guerra firmaron el documento que sentencia la suerte del articulado. Allí advierten que la reforma “no responde a las necesidades estructurales del país” y podría empeorar la situación fiscal, frenando la inversión y aumentando el desempleo.
Casi en simultáneo, en la Cámara de Representantes la congresista Katherine Miranda remató el golpe político radicando otra ponencia de archivo. Con la misma contundencia de los senadores, Miranda aseguró que el país llegó al límite de lo tolerable en materia de impuestos.
“Esta reforma pretende recaudar 26 billones sacándoselos del bolsillo a colombianos que ya no pueden más”, denunció. Su mensaje al Gobierno fue directo: “Colombia no necesita más reformas ni más impuestos: necesita un gobierno austero que deje de derrochar en viajes, lujos y gastos innecesarios”.
La representante detalló una larga lista de riesgos económicos: aumento de tarifas para personas naturales, eliminación de deducciones, dividendos más costosos, reactivación del impuesto al patrimonio, renta empresarial alta y un impuesto al carbono que, según dijo, “no es ambiental, sino recaudatorio”.
En los pasillos del Capitolio la conclusión es clara: la reforma tributaria ya está políticamente enterrada, incluso antes de ser votada. Con dos ponencias de archivo listas y mayorías consolidadas, el Gobierno enfrenta un escenario inevitable: regresar a la mesa y replantear por completo su estrategia fiscal.
El Ejecutivo insistió durante semanas en que el proyecto era necesario para estabilizar las finanzas públicas. Pero el Congreso, en un inusual consenso entre fuerzas opositoras, independientes e incluso sectores tradicionalmente cercanos al Gobierno, cerró filas: no acompañarán más impuestos en medio de la desaceleración económica y el creciente malestar social.
Aunque la votación oficial está pendiente, el ambiente político ya no deja lugar a interpretaciones: la reforma tributaria está condenada. El Gobierno, debilitado en su interlocución con el Legislativo, deberá redefinir su hoja de ruta mientras se enfrenta a un Congreso que, por primera vez en este periodo, actuó unido para detener una de sus iniciativas clave.
El proyecto que buscaba 26 billones terminó chocando contra una realidad más contundente: un país que, según el propio Congreso, ya no soporta ni un impuesto más.
