La Procuraduría General de la Nación presentó ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá un recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que condenó a 12 años de prisión al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
El documento, de 81 páginas y firmado por el procurador delegado Bladimir Cuadro Crespo, sostiene que el fallo emitido por el Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá presenta vacíos en la valoración de pruebas clave, lo que habría llevado a una indebida aplicación de la figura de la determinación penal.
Entre los argumentos presentados, el Ministerio Público advierte sobre una “incorrecta observación objetiva” de los elementos probatorios, lo que, a juicio de Cuadro Crespo, generó errores en la apreciación de los hechos y en la imputación de responsabilidad al exmandatario. Según el recurso, la tipicidad de la conducta atribuida no fue establecida de manera adecuada, razón por la cual se solicitó la absolución.
El procurador también cuestionó que la sentencia omitiera la aplicación del artículo 7 de la Ley 906, disposición que, de haberse considerado, habría favorecido la exoneración del procesado. En sus alegatos, la Procuraduría reiteró que la Fiscalía no demostró su teoría del caso y que no se probó, más allá de toda duda razonable, el conocimiento exigible para atribuir a Uribe la responsabilidad como determinador de los hechos investigados.
En el recurso, además, se solicita verificar información que el propio expresidente habría recabado y entregado a través de su abogado Diego Cadena, en el marco de su ejercicio como congresista. El Ministerio Público sostiene que la juez no tuvo respaldo suficiente en el expediente para desvirtuar la legalidad de dichas gestiones.
La defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados Peña, radicará su propia apelación el próximo 13 de agosto.
Magistrados designados y plazo de decisión
La Sala Penal N.º 9 del Tribunal Superior de Bogotá será la encargada de revisar las apelaciones, integrada por los magistrados Alexandra Ossa Sánchez, Leonor Oviedo Pinto y Manuel Antonio Merchán, este último presidente de la Sala y ponente del fallo. Según el presidente de la Sala Penal del tribunal, Fabio David Bernal Suárez, los togados cuentan con amplia trayectoria y “actuarán con imparcialidad, transparencia y autonomía”.
El tribunal determinó que los magistrados se dedicarán de manera exclusiva al análisis del caso, con el fin de emitir una decisión antes de que prescriba la acción penal en octubre. La defensa del exmandatario buscará demostrar que en el juicio de primera instancia no se valoraron pruebas documentales, testimoniales y técnicas que, a su juicio, habrían sustentado la absolución.
