Una nueva tormenta política golpea al Gobierno nacional luego de que la Procuraduría General de la Nación abriera una investigación disciplinaria contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por una presunta participación indebida en política durante un evento oficial realizado en Coyaima.
La decisión del ente de control se produjo tras la difusión de un video en el que el funcionario hace un vehemente llamado a votar durante una actividad institucional con comunidades indígenas y representantes del sector salud en el departamento del Tolima.
“Hasta el perro y el gato tiene que salir a votar el próximo 31 de mayo o si no nos va a llevar quien nos trajo, nos va a llevar el putas”, expresó Jaramillo ante los asistentes, en una frase que rápidamente generó controversia política y fuertes reacciones en plena recta final de las elecciones presidenciales.
Aunque el ministro no mencionó de manera directa a ningún candidato o partido político, la Procuraduría considera que sus declaraciones podrían constituir una indebida participación en política por parte de un alto funcionario del Gobierno nacional.
En el auto de apertura de investigación, el Ministerio Público señaló que Jaramillo “presuntamente incurrió en actos constitutivos de indebida participación en política” y advirtió que durante el evento también se encontraba acompañado por un congresista electo y militantes de una colectividad política.
La Sala Disciplinaria de Instrucción ordenó una serie de pruebas para esclarecer lo ocurrido durante la reunión en Coyaima y establecer si el ministro utilizó un escenario institucional para influir en el proceso electoral.
Entre las medidas adoptadas, la Procuraduría dispuso la recopilación y preservación del video original mediante el laboratorio de informática forense de la entidad, además de verificar otras grabaciones y registros difundidos en medios de comunicación y redes sociales.
El organismo de control también solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social toda la información relacionada con el evento, incluyendo la agenda oficial, listado de asistentes, organizadores, soportes documentales y detalles logísticos de la actividad desarrollada en territorio tolimense.
La apertura formal de la investigación disciplinaria no admite recursos y el ministro tendrá la posibilidad de rendir versión libre para explicar el contexto de sus declaraciones.
El caso vuelve a poner en el centro del debate el papel de los funcionarios públicos durante las campañas electorales, especialmente en medio de una contienda presidencial marcada por la polarización política y constantes denuncias de intervención indebida desde distintos sectores.
La frase pronunciada por Jaramillo también provocó reacciones encontradas en redes sociales y círculos políticos, donde algunos sectores calificaron sus palabras como un llamado legítimo a la participación ciudadana, mientras otros las interpretaron como una presión política incompatible con la neutralidad que deben mantener los funcionarios del Estado.
La controversia adquiere además una dimensión especial debido a la cercanía de Jaramillo con el Gobierno del presidente Gustavo Petro y al ambiente de alta tensión política que vive el país a pocos días de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.
La Procuraduría deberá ahora determinar si las declaraciones del ministro constituyen únicamente una exhortación genérica al voto o si cruzaron la línea que prohíbe a los servidores públicos intervenir en actividades de carácter político-electoral usando espacios oficiales del Estado.
