Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz ya tienen lista la ponencia que presentarán ante la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que concluyen que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 habría violado los topes de gastos electorales en cerca de $3.500 millones de pesos.
La investigación, abierta en octubre de 2023, determinó que los límites de financiación se superaron en $2.500 millones durante la primera vuelta y en $1.000 millones durante la segunda. El documento, de más de 600 páginas, será radicado entre el 26 y el 27 de agosto para votación en la sala plena, que deberá definir si se imponen sanciones a exintegrantes de la campaña y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
La ponencia plantea sanciones administrativas para Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol; María Lucy Soto, auditora; y Lucy Aidee Mogollón, tesorera de la campaña.
Además, los magistrados compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación para que determine si existe mérito para abrir investigaciones penales, y solicitarán concepto a la Corte Constitucional con el fin de remitir el expediente a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, competente para evaluar las responsabilidades del actual presidente.
El documento detalla presuntas irregularidades como el aporte de Fecode por $500 millones, el préstamo del Polo Democrático por la misma suma, así como excesos en gastos de publicidad, pagos a testigos electorales, vuelos no reportados con la Sociedad Aérea de Ibagué y un evento en el Movistar Arena que costó alrededor de $100 millones.
De aprobarse la ponencia, los exintegrantes de la campaña se enfrentarían a sanciones económicas que incluyen una multa de $2.200 millones y otra de $2.400 millones. Por su parte, Colombia Humana y la Unión Patriótica tendrían que pagar más de $583 millones.
En el caso de Ricardo Roa, se contempla una sanción adicional superior a $165 millones por el pago del evento en el Movistar Arena el 19 de junio de 2022.
Con la votación pendiente en la sala plena del CNE, la decisión podría marcar un precedente clave en la vigilancia del financiamiento electoral en Colombia.
