Una tormenta política y ética sacude al sector salud tras la muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de 7 años con hemofilia que falleció en la unidad de cuidados intensivos del Hospital La Misericordia, en Bogotá, mientras aguardaba un medicamento vital.
El caso, que ya desató indignación en organizaciones médicas y de pacientes, escaló aún más luego de las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante el Consejo de Ministros del lunes 16 de febrero de 2026.
El alto funcionario afirmó que el menor sufrió un accidente craneoencefálico tras una caída en bicicleta y sostuvo que los niños con hemofilia deben evitar actividades que impliquen riesgo físico.
“Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y hemorrágico grave”, señaló Jaramillo.
El ministro detalló que Kevin fue atendido inicialmente durante tres días en un hospital público del Huila y luego trasladado en avioneta a Bogotá, donde ingresó a La Misericordia, centro de referencia nacional en atención pediátrica.
“Kevin llegó a un hospital público en el Huila después de un accidente porque montaba en bicicleta. A un hemofílico se le debe restringir ese tipo de actividades”, reiteró.
Las palabras del jefe de la cartera han sido calificadas por algunos sectores como un intento de trasladar el foco del debate hacia el comportamiento del menor y su familia, en medio de cuestionamientos sobre la demora en la entrega del medicamento que necesitaba con urgencia.
Jaramillo fue enfático en rechazar que la tragedia esté relacionada con falta de recursos. Aseguró que el Ministerio ha cumplido anticipadamente con los pagos del régimen subsidiado y contributivo.
“No se puede aceptar que digan que no hay recursos cuando el Gobierno ha pagado, y siempre por anticipado”, afirmó.
Según el ministro, 27,4 millones de personas del régimen subsidiado ya recibieron el pago correspondiente en la primera semana de febrero. “Así que no puede haber, de ninguna manera, falta de recursos”, insistió.
El funcionario indicó que el caso será investigado a fondo y que se espera el resultado de la autopsia para establecer con precisión qué ocurrió.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro planteó que la muerte del menor estaría vinculada a dos factores: la caída en bicicleta y la falta de acceso oportuno al medicamento.
“Si no es así, hay personas responsables individuales que no fueron lo suficientemente eficaces en entregar el medicamento, por lo que aquí la cuestión financiera no es obstáculo”, afirmó el mandatario.
Petro sostuvo que los recursos existen, pero señaló que en la EPS “están represados por el embargo de dos billones de pesos”, abriendo un nuevo frente de tensión en el debate sobre el manejo financiero del sistema.
En el comunicado citado por organizaciones de pacientes, se hizo referencia directa a Nueva EPS como una de las entidades llamadas a dar explicaciones claras sobre lo sucedido.
La Federación Colombiana de Enfermedades Raras lamentó el fallecimiento y lanzó un mensaje contundente:
“Cuando un tratamiento vital no llega a tiempo, no es solo una falla administrativa; es una vulneración al derecho fundamental a la salud y a la vida. Ningún niño debería esperar por un medicamento que representa su oportunidad de vivir”.
La federación exigió respuestas y medidas urgentes para evitar que más familias enfrenten tragedias prevenibles.
Mientras el Gobierno defiende la suficiencia de recursos, las organizaciones de pacientes advierten que en enfermedades de alto costo cada hora cuenta. Y cuando el medicamento no llega, el debate deja de ser financiero y se convierte en una cuestión de vida o muerte.
