Una nueva tormenta política se desató este fin de semana luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera públicamente a la Corte Constitucional levantar la suspensión de la emergencia económica decretada por la crisis climática en Córdoba. El mensaje, dirigido de manera directa al magistrado Carlos Camargo Assis, no solo reabrió el pulso entre el Ejecutivo y el alto tribunal, sino que encendió las alarmas por una posible presión a la autonomía judicial.
A través de su cuenta de X, el jefe de Estado apeló a un vínculo personal y regional para insistir en su solicitud:
“Magistrado Camargo Assis, ambos nacimos en esta tierra. Le suplico, ayude a levantar la suspensión de la emergencia económica en la Corte Constitucional”.
Petro argumentó que la magnitud de la tragedia causada por las lluvias en Córdoba supera cualquier cálculo político y tendrá un costo de billones de pesos para restablecer las condiciones mínimas de vida de la población afectada.
“Esta emergencia, que aún no termina, costará billones para restablecer el nivel de vida del pueblo sinuano. Ya no habla la política, habla la naturaleza y la codicia”, afirmó el mandatario.
En un tono aún más dramático, el presidente sostuvo que la decisión de la Corte de suspender la emergencia tendría consecuencias fiscales severas. Según Petro, levantarla es clave para evitar recortes presupuestales que podrían generar una crisis social en otras zonas del país.
“Usted sabe que las consecuencias de lo sucedido en la Corte implican recortar el presupuesto en 16 billones. Usted sabe que tendría que trasladar recursos para financiar la recuperación de Córdoba, lo que implicaría hambre en otra región”, señaló.
Las declaraciones fueron interpretadas por sectores políticos y jurídicos como un mensaje de alta presión sobre el alto tribunal, justo cuando el país enfrenta una de las emergencias climáticas más graves de los últimos años.
La reacción no tardó. La senadora María Fernanda Cabal cuestionó con dureza al presidente y le exigió respeto por la separación de poderes.
“No Gustavo Petro, no se trata de suplicarle a un magistrado de la Corte Constitucional que haga lo que a usted le parezca. Respete la autonomía de las ramas del poder público”, escribió la congresista.
Cabal fue más allá y recordó que, según ella, el propio Gobierno habría tenido recursos para enfrentar la emergencia sin acudir a la presión institucional.
“En vez de ‘suplicar’, ¿por qué no recuerda que su gobierno en enero de este año entregó más de 6 billones de pesos en contratos OPS? Con esa plata se hubiera podido atender la emergencia en Córdoba”, afirmó.
No es la primera vez que Petro pide a la Corte reconsiderar su decisión. El pasado 6 de febrero de 2026, durante el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el mandatario ya había solicitado levantar la suspensión, argumentando que la crisis climática constituye un hecho sobreviniente e imprevisible.
“La Corte dijo que en el clima no había imprevisibilidad; pues la ciencia ha dicho que la crisis climática es cada vez más imprevisible y hacia el colapso”, sostuvo entonces el presidente, citando advertencias de organismos internacionales como la FAO sobre el riesgo de hambre en Córdoba y Sucre.
La controversia se da en medio de una emergencia humanitaria de gran escala. Las lluvias intensas han dejado al menos 14 personas fallecidas, cerca de 9.000 viviendas destruidas y alrededor de 50.000 familias afectadas en el país. Córdoba concentra el mayor impacto, con más de 33.000 familias damnificadas por inundaciones, desbordamientos de ríos y graves daños en infraestructura rural.
En total, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reporta más de 100 emergencias en 84 municipios de 14 departamentos, con unas 35.000 hectáreas de cultivos inundadas. El Ideam advirtió que un nuevo frente frío de origen ártico mantendrá las lluvias hasta el 9 de febrero, elevando el riesgo de nuevas tragedias.
Mientras la Ungrd avanza con la entrega de ayuda humanitaria y el traslado de toneladas de suministros, el debate se traslada al terreno institucional. La súplica presidencial, el llamado a la Corte y la respuesta de la oposición dejan al descubierto una tensión creciente entre poderes, justo cuando el país enfrenta una emergencia que combina desastre natural, presión fiscal y confrontación política.
La pregunta que queda en el aire es si la Corte Constitucional cederá ante el clamor del Ejecutivo o si, por el contrario, reafirmará su independencia en uno de los momentos más críticos del actual Gobierno.
