A menos de un mes de que Colombia elija a su próximo presidente, el debate político empieza a girar alrededor de una pregunta que divide al país: ¿busca el presidente Gustavo Petro impulsar una Asamblea Constituyente para mantener su influencia en el poder?
Mientras el oficialismo mueve fichas para fortalecer la eventual candidatura de Iván Cepeda como sucesor político del petrismo, desde distintos sectores crecen las alertas frente al impulso de una nueva Constituyente que, según críticos del Gobierno, podría convertirse en un intento de rediseñar las reglas del juego institucional en favor de un solo proyecto político.
La estrategia ya estaría en marcha. Sectores cercanos al petrismo avanzan en la recolección de firmas con la intención de presentar la propuesta el próximo 20 de julio, justo el día en que se instalará el nuevo Congreso de la República. Aunque reunir las firmas no garantiza automáticamente la convocatoria de una Asamblea Constituyente, el movimiento ya encendió las alarmas en universidades, sectores políticos y académicos.
El ambiente de tensión ha sido especialmente visible en los campus universitarios. Rectores de universidades como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Atlántico y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas han advertido sobre el creciente clima de polarización alrededor del tema constituyente.
La controversia escaló aún más el pasado 5 de mayo, cuando durante una visita de Petro a la Universidad Nacional aparecieron pancartas y mensajes de rechazo contra el Gobierno y contra cualquier intento de promover una nueva Constitución.
Para entender la magnitud del debate, distintos sectores han comenzado a mirar nuevamente hacia la Constitución de 1991, una carta política que el próximo 4 de julio cumplirá 35 años y que transformó radicalmente el modelo de Estado colombiano.
La Constitución del 91 nació en medio de uno de los momentos más violentos y caóticos de la historia reciente del país. Colombia estaba golpeada por el narcotráfico, los asesinatos de candidatos presidenciales, el terror de los carteles, la toma del Palacio de Justicia y una profunda crisis institucional que hacía temer el colapso del Estado.
En ese contexto surgió la llamada “séptima papeleta”, un movimiento impulsado principalmente por estudiantes universitarios que buscaba convocar una Asamblea Nacional Constituyente para rediseñar el contrato social del país. El entonces gobierno de César Gaviria y posteriormente la Corte Suprema terminaron reconociendo la iniciativa ciudadana.
A diferencia de otros procesos constituyentes en América Latina, el de 1991 reunió a sectores completamente opuestos: excombatientes del M-19, conservadores, liberales, indígenas, académicos, líderes religiosos y representantes de distintas corrientes ideológicas.
Sin embargo, uno de los puntos más controversiales del debate actual gira alrededor del papel que hoy Petro reivindica dentro de ese proceso histórico. Aunque el mandatario suele afirmar públicamente que “nosotros hicimos la Constitución del 91”, registros históricos y testimonios de los propios constituyentes señalan que no integró la Asamblea Nacional Constituyente.
De hecho, Antonio Navarro Wolff, uno de los tres presidentes de la Asamblea y antiguo compañero de Petro en el M-19, ha reiterado que el hoy presidente no fue constituyente ni hizo parte formal del grupo redactor de la Carta Política.
El debate ha tomado fuerza porque muchos sectores consideran que una nueva Constituyente impulsada desde el poder podría abrir la puerta a cambios institucionales profundos y a una concentración política similar a la ocurrida en otros países de la región.
La Constitución de 1991 es considerada una de las más garantistas de América Latina. Creó la tutela como mecanismo de defensa inmediata de derechos fundamentales, estableció la Corte Constitucional, fortaleció la independencia del Banco de la República, creó la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, además de reconocer la diversidad étnica y cultural del país.
Las cifras reflejan parte de ese impacto. La cobertura en salud pasó de menos del 24 % en 1991 a cerca del 99 % en 2022. La mortalidad infantil cayó drásticamente en las últimas décadas y millones de ciudadanos han acudido a la tutela para exigir medicamentos, tratamientos médicos, cupos escolares y protección de derechos fundamentales.
Otro de los cambios más relevantes fue la independencia del Banco de la República, una decisión que permitió controlar la inflación y evitar que los gobiernos financiaran gasto público mediante emisión descontrolada de dinero.
Además, la Carta del 91 transformó el sistema político colombiano: abrió espacio para minorías, permitió la elección popular de alcaldes y gobernadores y creó mecanismos de participación ciudadana como el referendo, el plebiscito y la consulta popular.
No obstante, el debate sobre una nueva Constituyente también revive episodios oscuros de la historia nacional. Algunos analistas recuerdan que la Constitución de 1886 surgió tras una guerra civil y terminó imponiendo un modelo centralista y excluyente que gobernó durante más de un siglo.
Por eso, el temor de sectores opositores es que una eventual Asamblea Constituyente promovida desde el oficialismo termine convirtiéndose en una herramienta para concentrar poder político y modificar el equilibrio institucional del país.
Aunque defensores del petrismo sostienen que una nueva Constitución podría actualizar el modelo estatal frente a los desafíos actuales, sus críticos advierten que el verdadero problema de Colombia no está en la Carta Política, sino en la incapacidad histórica de los gobiernos para cumplirla y hacerla respetar.
En medio de la polarización electoral, la discusión sobre la Constituyente amenaza con convertirse en uno de los ejes centrales de la campaña presidencial y en el punto más sensible del pulso político que enfrenta hoy el país.
