En una decisión histórica para el país, la Corte Constitucional dejó en firme este 4 de septiembre la Ley 2385 de 2024, conocida como Ley No Más Olé, con la cual se prohíben las corridas de toros en Colombia y se ordena la restricción total de cabalgatas, toros coleados, corralejas y peleas de gallos.
El alto tribunal resolvió por unanimidad las demandas que cuestionaban la constitucionalidad de la norma, concluyendo que las prácticas que implican maltrato animal no pueden justificarse bajo el argumento de tradición cultural. Para la Corte, estas actividades contravienen los principios de dignidad humana y el bienestar de los seres vivos consagrados en la Constitución.
La decisión pone fin a décadas de debate entre defensores de los derechos animales y sectores que han defendido la tauromaquia y otras manifestaciones similares como parte del patrimonio cultural. La Corte resaltó que se trata de una medida alineada con las tendencias globales que replantean la relación entre los humanos y los animales, en particular cuando las prácticas culturales implican sufrimiento.
La ley, impulsada por la senadora Esmeralda Hernández y sancionada por el presidente Gustavo Petro Urrego, fue aprobada en 2024 tras un intenso debate político y social. Sin embargo, varios sectores taurinos y organizaciones defensoras de estas tradiciones acudieron a la justicia, alegando que la norma vulneraba la diversidad cultural, el derecho a la propiedad privada y la libertad de expresión.
En su fallo, la Corte desestimó estos argumentos, señalando que el impacto económico de la prohibición sobre comunidades y economías locales no puede ser motivo suficiente para perpetuar el maltrato animal. De igual forma, el tribunal amplió el alcance de la ley, incluyendo en la restricción al coleo, las corralejas y las peleas de gallos, que inicialmente habían sido exceptuadas.
El alto tribunal estableció un plazo de tres años para que estas actividades se extingan por completo. Durante ese período, el Estado y las comunidades deberán avanzar en procesos de reconversión laboral y cultural, con el fin de garantizar alternativas económicas y nuevas formas de entretenimiento que no impliquen violencia hacia los animales.
Con esta decisión, la Corte Constitucional sella un capítulo trascendental en la historia del país y abre paso a una nueva etapa en la protección de los derechos de los animales en Colombia.
