• 22 agosto, 2026 11:43 pm

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Morosos sin tarima ni estadio: proyecto de ley busca vetar el ocio a quienes no pagan la cuota alimentaria.

El entretenimiento masivo podría convertirse en un lujo vedado para miles de colombianos que incumplen con sus obligaciones parentales. Así lo propone un proyecto de ley que será radicado en el Congreso por la representante Jennifer Pedraza, y que apunta directamente a los deudores de cuota alimentaria, una de las figuras más reiteradas —y menos sancionadas— del sistema judicial del país.

La iniciativa plantea que quienes estén en mora con la manutención de sus hijos no puedan ingresar a conciertos, partidos de fútbol ni eventos de alta afluencia, mientras no se pongan al día. Una medida que, de entrada, promete levantar ampolla y abrir un debate incómodo sobre prioridades, derechos y coherencia social.

“La discusión no es castigar por castigar. Es una cuestión básica de coherencia: no puede ser que alguien que dice no tener dinero para alimentar a sus hijos sí tenga recursos para pagar boletas, licor o entretenimiento”, afirmó Pedraza, al advertir que el ocio no puede financiarse mientras la infancia queda desprotegida.

Según datos citados por la congresista, más de 130.000 procesos por inasistencia alimentaria se registran cada año en Colombia, convirtiendo este delito en uno de los más frecuentes y, al mismo tiempo, en uno de los más tolerados socialmente. Para Pedraza, el problema no es solo económico, sino estructural: se trata de una vulneración directa de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

El proyecto se apoya en el mandato constitucional que obliga al Estado a priorizar los derechos de los menores por encima de los intereses individuales de los adultos, y busca introducir sanciones con impacto real, no solo multas o procesos judiciales que rara vez se traducen en cumplimiento efectivo.

“La impunidad sigue siendo la regla. Muchos deudores aprenden a convivir con el incumplimiento porque las consecuencias son mínimas o inexistentes”, sostuvo la representante, quien insistió en que el país necesita sanciones sociales visibles que envíen un mensaje claro: quien no responde por sus hijos, tampoco debería disfrutar de privilegios.

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