El Huila vuelve a ser escenario del horror. En la madrugada del domingo 28 de septiembre, un ataque armado en la vereda Samaria, zona rural de Palestina, dejó tres personas asesinadas y siete heridas de gravedad, lo que eleva a tres el número de masacres en el departamento en lo corrido del año.
De acuerdo con el coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, comandante de la Policía en el Huila, hombres armados irrumpieron en un establecimiento nocturno y abrieron fuego indiscriminadamente contra los asistentes. En su huida, los agresores dispararon nuevamente, aumentando la cifra de víctimas.
“En la vereda Samaria (…) en la madrugada de este domingo se registró un lamentable hecho de violencia en un establecimiento público, donde perdieron la vida tres personas y otras más resultaron lesionadas con arma de fuego”, relató el oficial.
La tragedia se suma a dos masacres recientes: el 20 de julio en Timaná, donde tres personas fueron acribilladas mientras se movilizaban en una cuatrimoto, y el 25 de julio en La Plata, cuando cuatro personas fueron asesinadas en la vereda El Salado.
A la conmoción por la masacre se sumó el bloqueo total de la carretera entre La Plata y Belén, ocurrido el sábado 20 de septiembre, donde motocicletas y camiones atravesados dejaron aislada a la población.
El hecho llevó a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia a lanzar un llamado urgente al Gobierno Petro:
“Urgen medidas inmediatas para garantizar los derechos de la población”, expresó el organismo, pidiendo protección urgente a los habitantes de Belén y acciones estatales bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
En su pronunciamiento, la ONU también exigió a los grupos armados no estatales respetar la vida de los civiles y puso bajo la lupa la responsabilidad del Estado en la protección de comunidades atrapadas en medio de la confrontación.
Las autoridades señalan al GAOR-r “Fernando González Acosta”, un grupo residual que busca consolidar su poder en corredores estratégicos entre Huila y Cauca, como presunto responsable de los bloqueos y de parte de la violencia reciente. Según inteligencia, su objetivo sería fortalecer economías ilegales ligadas al narcotráfico, secuestros y homicidios, además de frenar las operaciones de control territorial del Ejército y la Policía.
