La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación de oficio contra fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en el proceso contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el marco del escándalo de la UNGRD.
La decisión se produce tras un hecho que encendió las alarmas en el sistema judicial, pues Bonilla recuperó su libertad por vencimiento de términos, una situación que ahora pone bajo la lupa la actuación de la Fiscalía General de la Nación.
Según el boletín oficial, la libertad del exfuncionario no obedeció a un fallo de fondo, sino a una aparente falla procesal: la demora en la radicación del escrito de acusación. Esta omisión permitió que los plazos legales se agotaran sin que avanzara el proceso hacia la etapa de juicio, pese a su vinculación al presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
La gravedad del caso llevó a que la propia Comisión asumiera directamente la investigación, dada la alta jerarquía de los fiscales implicados. El objetivo: establecer si hubo negligencia, responsabilidad disciplinaria o incluso consecuencias de mayor alcance dentro del aparato judicial.
Pero el escándalo no se queda en los estrados. Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza y elevó el tono del debate. En un pronunciamiento público, defendió a su exministro y lanzó una acusación explosiva: calificó el proceso en su contra como una “detención arbitraria”.
El mandatario fue más allá y aseguró que Ricardo Bonilla es un “preso político”, víctima —según su versión— de un “sectarismo” que instrumentaliza las instituciones del Estado para golpear a su Gobierno. También destacó la trayectoria académica del exfuncionario y cuestionó la solidez técnica de las actuaciones judiciales.
Mientras avanzan las investigaciones disciplinarias, el país asiste a un choque institucional de grandes proporciones, donde las fallas procesales, las acusaciones de persecución y la credibilidad del sistema judicial quedan bajo escrutinio público.
