El presidente Gustavo Petro solicitó que se aplique la Ley 2292 de 2023 para permitir que Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, pueda salir diariamente de la cárcel.
Sin embargo, expertos legales señalaron que la influencer no cumple con los requisitos establecidos por esta normativa. La discusión se centra en si Barrera puede ser considerada madre cabeza de familia y si su condena por daño a bienes públicos encaja dentro de los supuestos de la ley.
La petición del mandatario se produjo tras un mensaje enviado por Barrera desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, donde cumple una condena de cinco años y dos meses por actos vandálicos cometidos durante el violento paro nacional de 2019.
En una entrevista, la empresaria solicitó la ayuda del presidente para obtener su libertad, lo que llevó a Petro a pedir a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, que gestionara la aplicación de la ley. Sin embargo, la viabilidad de esta medida ha generado un intenso debate jurídico y social.
La Ley 2292, promulgada en julio de 2023, busca beneficiar a mujeres cabeza de hogar que se encuentren en prisión por delitos cometidos en condiciones de marginalidad. Según esta normativa, las penas de cárcel pueden ser sustituidas por servicios comunitarios, permitiendo a las beneficiarias continuar con sus responsabilidades familiares.
Estos servicios deben realizarse en el municipio de residencia de la condenada y pueden implicar jornadas de trabajo de entre cinco y 20 horas semanales, sin exceder las ocho horas diarias.
Para acceder a este beneficio, las mujeres deben cumplir tres condiciones principales: ser madres cabeza de familia, haber cometido delitos relacionados con hurto o tráfico de estupefacientes con penas menores a ocho años, y haber delinquido en circunstancias de marginalidad que afectarán la manutención del hogar.
Además, la ley excluye a quienes hayan sido condenados por otros delitos en los cinco años anteriores o tengan antecedentes por conductas punibles distintas a las contempladas en la normativa.
La controversia también reavivó el debate sobre la proporcionalidad de las penas en Colombia y el tratamiento diferenciado que reciben las personas según su origen social y nivel de exposición mediática. Aunque la Ley 2292 fue diseñada para beneficiar a mujeres en condiciones de vulnerabilidad, su aplicación en el caso de Barrera enfrenta obstáculos legales que podrían dificultar su implementación.
En este contexto, el futuro de Daneidy Barrera sigue siendo incierto, mientras las autoridades evalúan si es posible aplicar la normativa en su caso. Por ahora, el debate continúa, con opiniones divididas sobre si la empresaria cumple o no con los requisitos establecidos por la ley.
