Un nuevo revés sacude al Gobierno nacional. La Corte Constitucional dejó sin piso jurídico la primera emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro y ordenó la devolución de los impuestos recaudados bajo esas medidas, en una decisión que abre un boquete fiscal y desata un complejo reto operativo para el Estado.
El alto tribunal declaró inexequible el Decreto 1474 de 2025, con el que el Ejecutivo había desarrollado la emergencia y aplicado medidas como el incremento del IVA a licores y mayores cargas tributarias al sector financiero. Esta decisión se suma a la caída previa del Decreto 1390 de 2025, que había dado origen al estado de excepción en diciembre.
Con efectos retroactivos, la Corte ordenó a la DIAN reintegrar los recursos recaudados durante la vigencia de estas normas. Solo por el decreto que reglamentaba las medidas, las devoluciones alcanzarían cerca de 600.000 millones de pesos, mientras que por tributos específicos —como el IVA a licores y juegos de azar— la cifra rondaría los 25.000 millones.
El fallo va más allá: establece que los impuestos directos creados o modificados durante la emergencia no podrán ser declarados ni cobrados, y que los pagos anticipados deberán ser devueltos a los contribuyentes. En cuanto a los impuestos indirectos, como el IVA, la devolución deberá hacerse a quienes logren demostrar que asumieron el pago, lo que anticipa un proceso complejo y altamente técnico.
La sentencia, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés, fijó un plazo de 30 días para que la DIAN implemente mecanismos legales existentes o diseñe nuevos procedimientos que permitan cumplir con la orden judicial.
Pese al duro golpe, la Corte mantuvo vigentes los beneficios otorgados a contribuyentes en mora durante la emergencia, amparados en el principio de seguridad jurídica, lo que significa que no serán reversados.
La decisión fue adoptada por unanimidad en la Sala Plena, aunque los magistrados Vladimir Fernández y Héctor Carvajal presentaron aclaraciones de voto, mientras que Jorge Enrique Ibáñez no participó en la discusión.
Este escenario representa un duro golpe para el Ejecutivo, que había recurrido a la emergencia económica para enfrentar un déficit de 16,3 billones de pesos en el presupuesto de 2026, tras el hundimiento de su reforma tributaria en el Congreso.
Ahora, el país entra en una fase crítica: mientras la DIAN define cómo devolver los recursos, el Gobierno se ve obligado a replantear su estrategia fiscal en medio de crecientes presiones económicas y un panorama político cada vez más tensionado.
