El presidente de Colombia, Gustavo Petro, oficializó la declaratoria de estado de conmoción interior en varias regiones del país, una medida que busca enfrentar la grave crisis de orden público que afecta principalmente al Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y dos municipios del departamento de Cesar: Río de Oro y González.
Esta decisión se tomó luego de tres días de análisis desde que el mandatario anunció su intención de implementar esta medida excepcional, debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
El decreto abarca al menos once municipios del departamento de Norte de Santander, incluyendo Tibú y otras localidades de la región del Catatumbo, que ha sido escenario de intensos enfrentamientos entre el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las disidencias de las Farc.
La violencia en estas zonas ha escalado a niveles críticos, lo que llevó al Gobierno Nacional a tomar esta decisión para intentar restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población.
El estado de conmoción interior es una medida contemplada en la Constitución colombiana que permite al Ejecutivo adoptar acciones extraordinarias para enfrentar situaciones que amenacen gravemente el orden público, en esta ocasión, hasta abril del 2025.
Esta declaratoria habilita al Gobierno para emitir decretos con fuerza de ley que permitan movilizar tropas, reasignar recursos y ejecutar programas de atención social en las regiones afectadas.
En este caso, el Gobierno de Gustavo Petro busca reforzar la presencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en las zonas más afectadas por la violencia.
Además, se espera que en los próximos días se emitan decretos reglamentarios que detallen las acciones específicas a implementar. Estas medidas incluirían la redistribución de recursos y la puesta en marcha de programas sociales para mitigar el impacto de la crisis en las comunidades locales.
El decreto detalla que, hasta el 21 de enero de 2025, se han registrado 381 homicidios, incluyendo cinco firmantes del acuerdo final de paz, y 36.137 personas desplazadas forzadamente. Este número contrasta con los 5.422 desplazados reportados en todo el año 2024, lo que evidencia la magnitud del problema.
