Una fuerte controversia política y jurídica sacude al Gobierno nacional luego de conocerse que la Presidencia de la República frenó el decreto con el que el Ministerio de Defensa pretendía retirar medallas y honores militares a uniformados condenados por la Jurisdicción Especial para la Paz por ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como falsos positivos.
La decisión dejó en suspenso una de las medidas simbólicas más delicadas derivadas de las sentencias de la JEP y abrió un nuevo debate sobre la legitimidad de las condecoraciones otorgadas a militares implicados en crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos.
Según documentos revelados por la revista Cambio, la Secretaría Jurídica de la Presidencia bloqueó el trámite del proyecto de decreto argumentando que la normativa vigente no permite retirar medallas con base en fallos de la JEP.
El choque institucional se originó porque el Decreto expedido en 2015 —antes de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc— solo contempla el retiro de honores cuando existen condenas emitidas por la justicia ordinaria o por la justicia penal militar.
En consecuencia, aunque existan sentencias de la justicia transicional y exhortos judiciales que pidan revocar las distinciones, los militares condenados podrían conservar oficialmente sus medallas mientras no exista una reforma normativa que lo habilite.
El proyecto de decreto había sido impulsado por el Ministerio de Defensa tras la histórica sentencia emitida en septiembre de 2025 por la JEP contra 12 militares del Batallón La Popa de Valledupar, quienes reconocieron su responsabilidad en más de 130 asesinatos de civiles presentados falsamente como bajas en combate.
Entre los condenados aparece el teniente coronel retirado Heber Hernán Gómez Naranjo, exsegundo comandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa.
La propuesta del Ministerio sostenía que quienes participaron en ejecuciones extrajudiciales no podían conservar símbolos de honor otorgados por el Estado y apelaba a principios constitucionales y reglamentos militares para justificar la sanción simbólica.
Sin embargo, la Secretaría Jurídica respondió que los exhortos de la JEP “no pueden confundirse con una orden judicial” y que actualmente no existe soporte legal suficiente para ejecutar el retiro automático de las condecoraciones.
“La figura del exhorto debe entenderse como un llamamiento o apremio que se hace a una autoridad determinada y no puede confundirse con una orden judicial”, señala el documento firmado por el asesor Rubén Darío Calderón Jaramillo.
La postura provocó un fuerte choque entre el Ministerio de Defensa y la Presidencia. Mientras la cartera militar considera que las confesiones de crímenes de guerra constituyen una causal de indignidad incompatible con el honor militar, la Casa de Nariño sostiene que el vacío jurídico impide actuar sin una reforma expresa.
El debate revive una de las heridas más sensibles del conflicto armado colombiano: los falsos positivos, un fenómeno que dejó miles de víctimas en el país y que ha sido investigado por la JEP como una práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes de la fuerza pública.
Uno de los antecedentes más graves es el caso del general retirado Henry William Torres Escalante, quien reconoció ante la JEP 316 ejecuciones extrajudiciales. Pese a ello, los vacíos legales también impidieron avanzar en el retiro de sus condecoraciones oficiales.
La controversia ha generado fuertes críticas de abogados, organizaciones defensoras de derechos humanos y asociaciones de víctimas, que consideran que mantener intactos los honores militares contradice los principios de reparación simbólica y de no repetición establecidos en la Constitución y en el sistema de justicia transicional.
Las víctimas sostienen que las medallas otorgadas a responsables de falsos positivos terminan convertidas en símbolos de impunidad si el Estado no adopta medidas para resignificarlas.
El debate tomó aún más fuerza luego de que la JEP respaldara la exposición “Renunciar al silencio y a la negación”, realizada en Granada, donde exintegrantes del Batallón Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez entregaron voluntariamente 30 medallas como acto de reparación simbólica.
En ese mismo proceso, la justicia documentó al menos 589 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2007 en Antioquia, además de 228 desapariciones forzadas y la aceptación de responsabilidad por parte de 42 máximos responsables.
Para organizaciones de víctimas y juristas, el retiro de medallas no debería depender de la voluntad de los militares condenados, sino convertirse en una decisión institucional del Estado colombiano frente a graves violaciones de derechos humanos.
La discusión ahora pone al Gobierno frente a un dilema político y jurídico: mantener el vacío legal que protege las condecoraciones o impulsar una reforma que permita retirarlas a quienes utilizaron el uniforme para cometer crímenes contra civiles.
