La puja por el salario mínimo de 2026 entró en su fase más tensa. Tras la suspensión provisional del decreto por parte del Consejo de Estado, el Gobierno nacional dejó clara su posición y es que no dará marcha atrás en el aumento del 23,7%.
Luego de la reunión de la Comisión de Concertación, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el diálogo entre gremios y centrales obreras fue “abierto” y reveló que existe una opinión mayoritaria —tanto de empresarios como de sindicatos— a favor de mantener el incremento.
“El Gobierno va a defender el salario vital”, sentenció el funcionario, en un mensaje directo no solo a los magistrados sino también a los sectores que cuestionan la sostenibilidad del ajuste.
Sanguino argumentó que el incremento ya fue asimilado por la dinámica económica del país. Según explicó, el salario vital “ha venido siendo incorporado en los ingresos y en los gastos de las familias” y también en la planeación empresarial.
Modificar ahora el porcentaje, dijo, sería “equivocado, por decir lo menos”, pues alteraría el mercado laboral y generaría incertidumbre en un momento clave para la economía.
El ministro insistió en que la defensa se basa en el principio constitucional del salario mínimo vital y móvil, contemplado en la Carta Política, y subrayó que no se trata de una consigna política sino de un derecho laboral fundamental.
Desde el frente fiscal, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, elevó el debate al terreno jurídico: “El salario vital es ya un derecho adquirido por los trabajadores”, afirmó.
Ávila confirmó que el Ejecutivo realizará los análisis económicos necesarios para responder al alto tribunal y que expedirá un decreto provisional para dar certidumbre mientras avanza el proceso judicial.
El Gobierno sostiene que el aumento del 23,7% no es improvisado. Entre los fundamentos técnicos expuestos están:
- Meta de inflación del 3% proyectada por el Banco de la República para 2026.
- Productividad certificada por el Dane.
- Crecimiento del PIB del 2,6% en 2025.
- Inflación real del último año.
- Participación salarial en el ingreso nacional.
Según el Ejecutivo, estos elementos demuestran que el incremento es viable y necesario para proteger el poder adquisitivo.
En medio del pulso jurídico, el presidente Gustavo Petro convocó a movilizaciones ciudadanas este jueves a las 4:00 p.m. en plazas públicas del país, como respaldo a la política salarial defendida por su Gobierno.
La controversia trasciende lo técnico. Para el Gobierno, se trata de garantizar justicia social y reducir brechas históricas. Para sus críticos, el incremento podría presionar el empleo formal y el equilibrio fiscal.
Lo cierto es que la suspensión judicial no frenó la postura oficial. Por el contrario, la endureció.
