En un hecho sin precedentes en la historia reciente del país, la Fiscalía General de la Nación anunció que el próximo 11 de febrero de 2026 imputará cargos al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por presuntas omisiones graves en la protección del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en Bogotá en 2025.
Se trata de la primera vez que un alto funcionario del Gobierno del presidente Gustavo Petro deberá responder penalmente por un crimen contra un líder de la oposición, lo que marca un punto de quiebre político, institucional y judicial en Colombia.
Según el ente acusador, Rodríguez habría desatendido reiteradas solicitudes formales para reforzar el esquema de seguridad de Uribe Turbay en los meses previos al atentado. La Fiscalía sostiene que existen documentos, correos y comunicaciones internas que evidencian una cadena de advertencias que no fueron atendidas por la UNP, pese a que el riesgo del dirigente político estaba clasificado como extraordinario.
Por estos hechos, el director de la UNP enfrentará cargos por tentativa de homicidio y prevaricato por omisión, delitos que, de comprobarse, comprometerían directamente la responsabilidad del Estado en uno de los asesinatos políticos más graves de los últimos años.
Miguel Uribe Turbay fue atacado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en Bogotá, mientras participaba en un acto de campaña. Un menor de 15 años le disparó con una pistola Glock calibre 9 milímetros, impactándolo en la cabeza y una pierna. Tras permanecer más de dos meses hospitalizado en la Fundación Santa Fe, el senador falleció el 11 de agosto, en medio de un país polarizado y conmocionado.
Su muerte abrió un debate nacional sobre la ineficacia de los esquemas de protección, la exposición de los líderes políticos y la responsabilidad directa de la UNP en contextos de alta tensión electoral.
El abogado de la familia, Víctor Mosquera, fue contundente: aseguró que en más de 10 ocasiones se omitió ofrecer protección adecuada al entonces precandidato presidencial.
“El juez ya había advertido que a Miguel Uribe Turbay no le dieron la protección que necesitaba y que hubo mezquindad por parte de la UNP. Se ignoraron alertas claras y reiteradas”, señaló Mosquera.
Según su defensa, durante 2025 se presentaron más de 23 solicitudes de refuerzo, la última apenas dos días antes del atentado, el 5 de junio. “Las respuestas eran copias y pegas, sin soluciones reales”, afirmó el abogado.
La imputación contra Augusto Rodríguez no solo sacude a la UNP, sino al corazón político del Gobierno, dado su estrecho vínculo con el presidente Gustavo Petro y su pasado en el movimiento M-19, lo que ha intensificado la controversia y las críticas desde sectores de oposición.
Rodríguez ha negado cualquier negligencia y aseguró que la entidad cumplió con todos los protocolos, responsabilizando incluso a decisiones internas del propio esquema de seguridad del senador.
“La UNP suministró personal, armamento y vehículos. Cumplimos con nuestro deber. Algunas decisiones que se tomaron dentro del esquema no fueron las mejores”, declaró el funcionario.
No obstante, estas afirmaciones han sido rechazadas de plano por la familia de la víctima y por el Centro Democrático, que insisten en que la protección fue claramente insuficiente frente a un riesgo ampliamente documentado.
La Fiscalía confirmó que la imputación se da tras un análisis exhaustivo de testimonios, documentos y alertas ignoradas, y no descartó que durante la audiencia se soliciten medidas adicionales contra el funcionario.
