La Fiscalía General de la Nación presentó este miércoles 12 de noviembre una nueva acusación contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntamente haber entregado información falsa en su hoja de vida registrada en el Sistema Integrado de Gestión Pública (SIGEP).
Durante la audiencia, la fiscal Lucy Laborde sostuvo que el exdiputado del Atlántico reportó una relación laboral inexistente con la empresa Energía Delta Limitada, compañía que desmintió cualquier tipo de vinculación con él. Según la funcionaria, Petro Burgos habría incluido esos datos precisamente cuando ejercía como diputado en la Asamblea del Atlántico en 2020.
“El señor Nicolás Petro reportó una relación contractual con Energía Delta Limitada que nunca existió. Esa información falsa fue consignada en un documento público, lo que configura un presunto delito de falsedad en documento público”, afirmó la fiscal Laborde ante el estrado.
La Fiscalía amplió su acusación con nuevos cargos de falsedad en documento privado y falso testimonio, al señalar que el exdiputado habría presentado certificaciones alteradas para justificar movimientos en sus declaraciones de renta entre 2020 y 2022.
De acuerdo con la investigación, Petro habría inflado los montos de dos abonos relacionados con un proyecto de vivienda: declaró pagos de $49.300.000 y $100.000.000, cuando en realidad los valores fueron de $19.300.000 y $50.000.000. Los documentos adulterados habrían sido usados como respaldo ante la DIAN y el SIGEP.
La Procuraduría General de la Nación intervino durante la audiencia para manifestar reservas sobre la legalidad de algunas de las imputaciones, especialmente las relacionadas con los delitos de falsedad en documento privado y falso testimonio.
“El Ministerio Público considera que no se cumplen los presupuestos fácticos exigidos por la ley para configurar algunos de los delitos imputados”, advirtió el delegado de la Procuraduría, poniendo en duda la solidez de la acusación.
El juez del caso también cuestionó a la Fiscalía por la falta de precisión en los hechos relacionados con el presunto tráfico de influencias que involucra a Nicolás Petro.
De acuerdo con la Fiscalía, el hijo del presidente habría utilizado su “influencia política y social” sobre la entonces gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, para favorecer con contratos a la fundación Fucoso, supuestamente mediante gestiones directas y el uso de intermediarios, incluida su exesposa, Daysurys Vásquez.
No obstante, el magistrado fue enfático:
“Si usted no me da un acontecer fáctico, no le permitiré imputar ese cargo. No puedo preguntar al señor Nicolás Petro si se allana o no, si no sé exactamente de qué hechos se le acusa”.
Tras los llamados de atención del juez, la audiencia fue suspendida temporalmente para que la Fiscalía precisara los argumentos sobre el tráfico de influencias. Al reanudarse la diligencia, la fiscal reiteró que el exdiputado “buscó beneficiar contractualmente a Fucoso mediante presiones personales y familiares”.
El proceso continuará en las próximas semanas con la verificación de pruebas documentales y la definición sobre la aceptación o no de cargos.
El caso de Nicolás Petro Burgos —que ya enfrenta otros procesos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos— se perfila como uno de los más polémicos del panorama político y judicial colombiano, con implicaciones directas sobre el entorno familiar del presidente y la imagen del Gobierno.
