La Procuraduría General de la Nación amplió el alcance de la investigación disciplinaria por la firma del polémico convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para la fabricación y expedición de pasaportes en Colombia.
El proceso, que inicialmente se concentraba en la actuación de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, ahora incluye a varios funcionarios de la Imprenta Nacional y de los ministerios del Interior, Educación y Culturas, así como de la Presidencia de la República.
Por parte de la Imprenta Nacional, el Ministerio Público vinculó al jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Julián David Peña Martínez, y a la subgerente administrativa y financiera, Olga Lucía Ruiz Mora, además de los integrantes de la junta directiva de la entidad.
También serán indagados los delegados en esa junta: Jaime Berdugo (Ministerio del Interior), Luis Alberto Sanabria (Ministerio de Culturas), Dora Ojeda Roncancio (Ministerio de Educación) y Ricardo Arque Benavides (Departamento Administrativo de la Presidencia).
La Procuraduría señaló que la Sala Disciplinaria de Instrucción revisará si la Imprenta Nacional incurrió en una omisión al no adelantar un proceso de selección. Según el Ministerio Público, la entidad únicamente recibió capacitación, ejecutó gastos presupuestales para pagar el servicio y terminó subcontratando, sin contar con la capacidad técnica para cumplir con el objeto del convenio.
Además, se investigará la presunta falta de disponibilidad presupuestal para cubrir otros rubros del contrato y los eventuales vicios en las decisiones de la junta directiva de la Imprenta Nacional, donde se habrían aprobado proposiciones relacionadas con la suscripción del acuerdo.
El convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional fue objeto de fuertes críticas debido a cuestionamientos sobre su legalidad, transparencia y viabilidad operativa. La polémica escaló tras denuncias de presuntas irregularidades en la planeación y ejecución del contrato, lo que llevó al Ministerio Público a abrir la investigación.
Con esta decisión, la Procuraduría amplía el radio de acción sobre un caso que sigue generando tensiones en el Gobierno y que podría tener repercusiones en la política exterior y en la prestación del servicio de expedición de pasaportes en todo el país.
