La tormenta política desatada por el presidente Gustavo Petro sumó un nuevo capítulo. El general Edwin Urrego rompió el silencio y respondió de manera frontal a las acusaciones sugeridas por el mandatario, quien habló del retiro de un alto oficial de la Policía Nacional por, presuntamente, intentar sembrar sustancias psicoactivas en su vehículo oficial.
En entrevista con un medio nacional, Urrego calificó los señalamientos como una “locura” y aseguró que nunca ha tenido contacto directo con el vehículo presidencial.
“Nunca. Eso para mí es una locura”, afirmó el oficial, visiblemente sorprendido por lo que considera una acusación sin fundamento.
Urrego, con 32 años de carrera en la institución y trayectoria en la Dijín y en las comandancias de Barranquilla y Cali, sostuvo que su función siempre fue coordinar avanzadas y garantizar condiciones de seguridad en territorio, pero que el esquema presidencial y la administración de los vehículos dependen exclusivamente de la Casa Militar.
“El manejo del vehículo presidencial no pasa por mí. No tengo contacto con eso”, insistió.
Ante la gravedad de las afirmaciones del presidente —quien aseguró que un general tenía la misión de sabotear su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump mediante un supuesto montaje—, Urrego aseguró que está dispuesto a someterse a cualquier prueba para limpiar su nombre.
“Estoy dispuesto a someterme a las pruebas de poligrafía, a lo que se requiera para que esto sea esclarecido”, declaró.
El oficial recordó que durante su carrera ha superado múltiples pruebas de confianza, incluidas evaluaciones con agencias estadounidenses como HSI e ICE. Según su versión, no existe ningún hecho técnico ni evidencia que pueda vincularlo con el supuesto complot denunciado por el jefe de Estado.
Otro punto que el general abordó fue el allanamiento a la vivienda de Armando Benedetti en Barranquilla, diligencia que el presidente Petro mencionó al referirse al oficial.
Urrego aclaró que el procedimiento obedeció a una orden judicial emitida por la magistrada Cristina Lombana y que, en su calidad de comandante en Barranquilla en ese momento, su función fue únicamente brindar el apoyo de seguridad solicitado por funcionarios de policía judicial que se desplazaron desde Bogotá.
“No podía ni oponerme. Mi deber era brindar el apoyo que hubiesen pedido”, puntualizó.
Las declaraciones del general Urrego profundizan la tensión entre el Ejecutivo y sectores de la Fuerza Pública, en medio de una denuncia presidencial que sugiere conspiraciones internas y planes para afectar su integridad y su agenda internacional.
Hasta el momento, no se han conocido pruebas públicas que respalden la acusación del mandatario ni un pronunciamiento formal que identifique de manera directa al oficial mencionado.
