La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la sanción de destitución e inhabilidad general por diez años contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por irregularidades en el proceso de contratación de los pasaportes.
De acuerdo con el fallo, Leyva incurrió en una falta gravísima, a título de dolo, al declarar desierta la licitación pública 001 de 2023, pese a que la Unión Temporal Pasaportes 2023 cumplía con todos los requisitos y había obtenido la calificación más alta en la evaluación.
Para el Ministerio Público, la decisión del entonces canciller desconoció principios fundamentales de la contratación estatal, como la transparencia, la economía y la responsabilidad.
En primera instancia, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento ya había impuesto la sanción, aunque absolvió a Leyva del cargo relacionado con la declaratoria de urgencia manifiesta. La defensa apeló señalando vulneraciones al debido proceso, falta de imparcialidad del procurador delegado y deficiencias en la formulación de cargos, argumentos que fueron desestimados en la segunda instancia.
La Procuraduría recalcó que no existían causales jurídicas para declarar desierta la licitación, dado que existía un oferente habilitado con recomendación de adjudicación por parte del comité evaluador. Si bien cuestionó la declaratoria de urgencia manifiesta, este aspecto no prosperó en la decisión inicial.
Con la ratificación del fallo, firmado por el procurador Gregorio Eljach, queda en firme la sanción que inhabilita al excanciller para ejercer cargos públicos durante la próxima década.
