• 22 agosto, 2026 3:36 pm

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Ecopetrol extiende salida de Ricardo Roa en medio de investigaciones judiciales y controversia política.

La crisis alrededor de la presidencia de Ecopetrol suma un nuevo capítulo. La Junta Directiva de la petrolera estatal aprobó extender por 30 días adicionales la ausencia de Ricardo Roa Barragán, luego de que el directivo presentara una incapacidad médica en medio de los procesos judiciales que actualmente enfrenta.

La decisión fue oficializada mediante un comunicado divulgado este miércoles 27 de mayo, en el que la compañía confirmó que la licencia no remunerada anunciada desde abril quedará aplazada hasta que Roa finalice tanto su incapacidad médica como el periodo de vacaciones que actualmente disfruta.

Con esta determinación, Roa permanecerá alejado de la presidencia de la principal empresa estatal del país hasta finales de julio, mientras Juan Carlos Hurtado Parra continuará liderando la compañía como presidente encargado.

Según Ecopetrol, la incapacidad médica fue reportada oficialmente el pasado 26 de mayo por un periodo de 30 días calendario, situación que obligó a modificar el cronograma inicialmente previsto para la licencia no remunerada.

“La Junta Directiva decidió autorizar el desplazamiento del inicio de la licencia no remunerada otorgada al Presidente de la Compañía, Ricardo Roa Barragán”, señaló la empresa en el documento enviado al mercado.

La licencia debía comenzar el próximo 28 de mayo. Sin embargo, debido a la incapacidad médica y las vacaciones pendientes del directivo, ahora iniciará formalmente el 27 de junio y se extenderá hasta el 27 de julio.

Aunque la compañía insistió en que las operaciones continuarán con normalidad y que la estrategia empresarial seguirá ejecutándose, la prolongada ausencia de Roa ocurre en uno de los momentos más complejos para la administración de Ecopetrol y para el propio Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El directivo, considerado uno de los hombres más cercanos políticamente al mandatario, se encuentra en el centro de varias investigaciones penales y administrativas relacionadas tanto con su gestión al frente de Ecopetrol como con su papel como gerente de la campaña presidencial Petro Presidente 2022.

Uno de los procesos más delicados avanzó el pasado 11 de mayo, cuando la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.

Durante la audiencia realizada ante el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía sostuvo que Roa “habría permitido que los gastos de campaña excedieran el techo fijado por la autoridad electoral”.

De acuerdo con el ente acusador, existirían inconsistencias relacionadas con facturas, reportes contables y gastos presuntamente no registrados adecuadamente durante la primera y segunda vuelta presidencial de 2022.

Las cifras expuestas por la Fiscalía indican que los topes electorales habrían sido superados en aproximadamente 1.388 millones de pesos durante la primera vuelta y otros 276 millones durante la segunda vuelta presidencial.

Pese a la gravedad de las acusaciones, Roa no aceptó los cargos y se declaró inocente.

A este expediente se suma otra investigación penal por presunto tráfico de influencias de servidor público, relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá y un posible vínculo con contratos adjudicados por Ecopetrol.

Ese caso avanzó el pasado 11 de marzo, cuando la Fiscalía formalizó la imputación contra el directivo, aumentando la presión política y judicial sobre la cabeza de la petrolera más importante del país.

Hasta el momento, Ecopetrol no ha revelado detalles sobre la condición médica de Roa ni sobre el estado de salud que motivó la incapacidad presentada ante la compañía. La empresa únicamente confirmó que la incapacidad fue reportada de manera formal y que la Junta Directiva actuó con base en esa situación.

Mientras tanto, la ausencia prolongada de Roa vuelve a abrir interrogantes sobre el futuro de la dirección de Ecopetrol en medio de investigaciones que podrían tener repercusiones políticas, judiciales y económicas para el Gobierno y para la principal compañía estatal de Colombia.

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