Los habitantes del corregimiento de San Antonio, Valle del Cauca, viven momentos de angustia tras denuncias que apuntan a la presencia activa de presuntas disidencias de las Farc, que estarían exigiendo pagos obligatorios a la población para financiar la pavimentación de una vía utilizada para actividades ilícitas.
De acuerdo con los testimonios recogidos por un medio de comunicación nacional, miembros de este grupo armado estarían solicitando hasta $500.000 por persona, además de boletas para una supuesta rifa, con el argumento de que todos los habitantes se benefician del nuevo tramo vial y, por lo tanto, deben contribuir con su construcción.
La vía en cuestión, conocida como Marco Fidel Suárez, conecta al corregimiento de San Antonio con las zonas rurales de La Pradera y, eventualmente, con Villa Colombia. El trazado, según denuncian los residentes, busca evitar los controles militares y policiales establecidos en la carretera oficial, lo que facilitaría el tránsito de armas, drogas y otros elementos vinculados a economías ilegales.
“Nos están pidiendo medio millón de pesos. Dicen que es para pavimentar, que todos nos beneficiamos. Pero este pueblo no es rico. Vivimos del trabajo en fincas, ganándonos el día a día”, relató al medio descrito una habitante de la zona, quien pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad.
La comunidad señala que esta no es la primera vez que se hacen exigencias económicas por parte de actores armados. En ocasiones anteriores se habrían pedido sumas menores, en forma aparentemente voluntaria. Sin embargo, lo que más alarma a los pobladores es que esta nueva cuota se presenta como obligatoria, y que incluso se ha citado a una reunión para el domingo 3 de agosto, en la escuelita del corregimiento, donde se entregarían boletas de la denominada “rifa del millón” y se leerá en voz alta el listado de quienes ya cumplieron con el pago.
El control del recaudo estaría en manos de una mujer del corregimiento, identificada por los vecinos como la encargada de recibir los dineros. La incertidumbre crece entre los habitantes, quienes temen represalias si no acceden a las exigencias impuestas.
“¿Qué va a hacer uno? No tenemos cómo pagar. Pero también tenemos miedo. Nadie quiere poner en riesgo a su familia”, expresó otro residente.
Según los líderes comunitarios, la pavimentación de este tramo no tiene ninguna justificación técnica o institucional, y responde únicamente a intereses estratégicos del grupo armado, que busca fortalecer su presencia territorial y mejorar sus rutas clandestinas.
Hasta el cierre de esta edición, ni la Alcaldía de Jamundí, ni el Ministerio de Defensa se han pronunciado oficialmente sobre el tema. La comunidad, entre tanto, clama por presencia institucional y protección urgente, pues el miedo y la presión aumentan con cada día que pasa.
Organizaciones de derechos humanos han reiterado su llamado al Gobierno Nacional para que refuerce la seguridad en zonas rurales de Jamundí, donde la presencia de actores armados ilegales continúa vulnerando la vida y libertad de sus habitantes.
