Las autoridades continúan realizando intensos operativos en las principales cárceles del país para desarticular redes de corrupción que se gestan entre funcionarios de los centros penitenciarios y reclusos.
A propósito, el miércoles 11 de diciembre de 2024, se logró la captura de 15 personas, siete funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y ocho familiares, en el desarrollo de la operación Rancho Picota, que busca contrarrestar la corrupción al interior de la cárcel La Picota de Bogotá.
De acuerdo con las autoridades, esta acción corresponde a la segunda fase de la operación Dominó, un proceso iniciado en 2023, que tiene como objetivo desmantelar una organización de miembros del Inpec implicados en prácticas ilícitas, las cuales favorecían a ciertos reclusos a cambio del pago de generosas sumas de dinero.
Los detenidos están siendo procesados por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y concusión. La red permitía a los internos contar con lujos en sus celdas, acceso a alcohol, drogas y dispositivos electrónicos como celulares, lo que les permitía continuar con sus actividades delictivas desde el penal. A cambio de estos privilegios, los funcionarios recibían sumas de dinero que oscilarían entre $20 y $30 millones mensuales, transferidos a través de cuentas Nequi y Daviplata, lo que dificultaba su rastreo.
El director del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez, aseguró en entrevista con Semana que el proceso de investigación tiene el respaldo de las directrices del Gobierno y el Ministerio de Justicia, que buscan mejorar las condiciones de los detenidos, pero, al mismo tiempo, atacar con firmeza la corrupción dentro del sistema penitenciario.
“Las órdenes son claras desde el Gobierno y desde el Ministerio de Justicia, hay que procurar condiciones más humanas para los detenidos, pero se debe atacar sin tregua la corrupción, sin importar si en estos hechos se ven involucrados hombres de la guardia”, comentó Gutiérrez.
Además, el coronel destacó que lo que antes se trataba como irregularidades disciplinarias, ahora se investiga como delitos penales, lo que permite que los implicados enfrenten investigaciones judiciales y sanciones más efectivas. “Es un proceso que inició en 2023, y los resultados se dieron luego de una larga investigación. Hay un factor que vale la pena destacar y es que estos comportamientos inaceptables, en el pasado, eran tramitados como irregularidades disciplinarias, pero ahora con la Fiscalía se investigan como delitos penales que permiten la investigación judicial y sanciones efectivas. Por eso mismo, ya están vigentes 72 procesos en lo que vendrán más resultados”, complementó al medio citado.
Por este caso, los guardias implicados podrían enfrentar cargos relacionados con enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y concusión.
