En medio de la profunda crisis financiera y operativa que golpea al sistema de salud colombiano, una explosiva denuncia sacudió el panorama político y sanitario del país. La representante a la Cámara Katherine Miranda alertó sobre un posible esquema irregular de concentración de exámenes oncológicos de alto costo que comprometería a la Nueva EPS y que, según ella, tendría vínculos con el entorno familiar del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
La congresista —quien milita en el partido Alianza Verde y aspira al Senado— habló de un posible “cartel del cáncer” tras analizar la respuesta a un derecho de petición enviado a Nueva EPS, la aseguradora más grande del país, en la denuncia advierte que la clínica Clínica Clinaltec, ubicada en Ibagué, habría concentrado de manera “masiva y acelerada” exámenes PET-CT remitidos desde distintas regiones del país, principalmente de pacientes con cáncer.
Las cifras reveladas generan inquietud. En 2023, la clínica recibió 176 pacientes remitidos desde otros departamentos. En 2024, la cifra se disparó a 723. Para 2025, ascendió a 1.846 pacientes. El incremento frente a 2023 sería del 946 %, según la representante.
Lo que más llama la atención es que solo en enero de 2026 fueron enviados 222 pacientes, superando el total de remisiones registradas en todo 2023.
En total, entre 2023 y enero de 2026 se concentraron 3.374 exámenes PET-CT en esa IPS. Paralelamente, la facturación pasó de cerca de $970 millones en 2023 a más de $17.600 millones acumulados en el periodo analizado.
El PET-CT es un estudio avanzado de imágenes clave para el diagnóstico, estadificación y seguimiento del cáncer. Se trata de un procedimiento de alto costo que, por su complejidad, mueve cuantiosos recursos dentro del sistema de salud.
El marco normativo establece que la remisión a otro municipio o departamento procede únicamente cuando el servicio no esté disponible en la red local o regional con capacidad técnica habilitada, bajo los principios de accesibilidad, eficiencia y continuidad.
Sin embargo, según Miranda, en ciudades como Bogotá y departamentos como Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca existe tecnología PET-CT habilitada, lo que pondría en entredicho la necesidad de trasladar pacientes hasta Ibagué.
“El listado que me da la propia Nueva EPS demuestra que hay múltiples IPS a nivel nacional que prestan este servicio. No es entendible por qué están direccionando a la gente hacia Ibagué”, afirmó la congresista en declaraciones públicas.
Otro punto crítico de la denuncia es el impacto sobre los pacientes. De las 3.374 remisiones, solo 617 incluyeron viáticos. Más de 1.400 personas habrían tenido que costear de su propio bolsillo los gastos de traslado, alojamiento y alimentación para acceder al examen, pese a que en sus regiones existiría oferta habilitada.
Para pacientes oncológicos —muchos en condiciones económicas precarias— estos costos adicionales representan una carga significativa y, en algunos casos, un obstáculo para la continuidad del tratamiento.
La representante también afirmó que “es de público conocimiento en el Tolima la cercanía del dueño de la clínica con la familia Jaramillo”, lo que, dada la magnitud de las remisiones y los recursos comprometidos, eleva el nivel de exigencia en materia de transparencia.
Miranda solicitó la trazabilidad completa de las decisiones que originaron las remisiones, la publicación de los criterios técnicos utilizados por la Nueva EPS y la intervención inmediata de los organismos de control.
“Los organismos de control deben actuar para garantizar la transparencia y la protección de los pacientes con enfermedades de alto costo”, sostuvo.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Salud ni la Nueva EPS han emitido un pronunciamiento oficial frente a los señalamientos. La denuncia abre un nuevo frente de tensión en el debate sobre la reforma y la sostenibilidad del sistema de salud, en un momento en que millones de usuarios reclaman garantías, oportunidad y claridad en el manejo de los recursos públicos.
