El Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara para tomar una decisión histórica y explosiva en el caso por la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La sala plena del organismo discutirá el 13 de noviembre la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, que concluye que la campaña superó los topes de gasto y recibió aportes de origen no permitido.
El proceso —que lleva más de dos años bajo investigación— involucra al entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol; a la tesorera Lucy Aydee Mogollón; y a la auditora María Lucy Soto. También aparecen mencionados los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, que podrían enfrentar sanciones o incluso la suspensión de su personería jurídica, dependiendo del resultado de la votación.
La ponencia, elaborada tras meses de controversia y recusaciones, señala que la campaña de Petro omitió reportar gastos para no superar los límites legales de financiación. Entre los ejemplos citados está el contrato de transporte con la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), señalado como un gasto no declarado en su totalidad ante las autoridades electorales.
El texto fue redactado por los magistrados Prada (Centro Democrático) y Ortiz (Partido Liberal), quienes plantean sanciones por violación de topes y recepción de recursos irregulares. De aprobarse, el CNE deberá definir las sanciones y remitir copias del fallo a otras instancias judiciales y disciplinarias.
En el CNE, conformado por nueve magistrados, se anticipa una votación dividida. Según recuentos internos, la ponencia contaría con cuatro votos a favor —Ortiz, Prada, Maritza Martínez (Partido de la U) y Alfonso Campo (Partido Conservador)—, mientras que en contra estarían Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, cercanas al Pacto Histórico. Si no se alcanza mayoría, el caso podría pasar a conjueces, lo que alargaría el proceso.
El desarrollo del caso ha estado rodeado de choques institucionales. En agosto, el Consejo de Estado ratificó que el CNE sí tiene competencia para investigar posibles violaciones de topes de financiación, aunque aclaró que solo el Congreso puede sancionar al presidente en ejercicio.
Sin embargo, semanas después, la Corte Constitucional suspendió temporalmente la investigación contra Petro, al considerar que podría afectar su fuero presidencial, sin impedir que el CNE avanzara en la revisión de la ponencia.
La votación del próximo mes no solo definirá si la campaña Petro Presidente 2022 cometió faltas graves en su financiación, sino también si el organismo electoral está dispuesto a asumir el costo político de sancionar a un presidente en ejercicio y a su equipo más cercano.
La decisión, que podría convertirse en el fallo electoral más polémico de los últimos años, marcará un precedente sobre los límites del poder político y la responsabilidad en el uso de recursos durante las campañas presidenciales.
