En un nuevo revés jurídico para el oficialismo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez, declaró improcedente el amparo de derechos fundamentales a la participación política e igualdad que habían interpuesto la precandidata presidencial Carolina Corcho y el Partido Comunista Colombiano.
El fallo, contenido en el Acta N.º 41 de la Sala Laboral, ratifica lo decidido por el Tribunal Superior de Bogotá el pasado 6 de octubre, que había rechazado la acción de tutela promovida contra el Consejo Nacional Electoral (CNE). En dicho recurso, Corcho y el exprecandidato presidencial Gustavo Bolívar buscaban que se reconociera la personería jurídica plena y sin condicionamientos al movimiento Pacto Histórico, ordenando además la fusión inmediata de todas las colectividades que lo integran.
La tutela presentada por Corcho y Bolívar pretendía que el CNE rectificara su decisión de negar la fusión de Colombia Humana, Progresistas y la Minga Indígena Social y Popular dentro del Pacto Histórico, alegando violación de los derechos fundamentales a la igualdad y participación política.
El Consejo Nacional Electoral solo permitió la unión formal de la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista Colombiano, pero con una condición: que concluyeran los procesos administrativos sancionatorios que enfrentan.
La Corte Suprema, al analizar la impugnación, fue contundente:
“Se declara improcedente el amparo de los derechos fundamentales a la participación política e igualdad invocados por los solicitantes”, señala el fallo.
De este modo, la Corte confirmó en su totalidad la decisión del Tribunal y mantuvo las condiciones impuestas por el CNE, lo que deja sin efecto las pretensiones del oficialismo de consolidar un solo partido bajo el paraguas del Pacto Histórico.
Mientras tanto, fuentes dentro del Consejo Nacional Electoral aseguran que la decisión reafirma la independencia institucional frente a presiones políticas, recordando que los procedimientos de fusión deben cumplir estrictamente con las normas vigentes de control y transparencia.
La Corte Suprema remitió el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, donde se definirá si el alto tribunal de garantías constitucionales decide estudiar el caso o dejar en firme la decisión.
Por ahora, el Pacto Histórico deberá continuar su camino con una estructura jurídica fragmentada, mientras sus principales figuras se enfrentan a un nuevo escenario de división interna y cuestionamientos legales en vísperas de la contienda electoral.
