El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación formal contra el excandidato a la Alcaldía de Medellín, Juan Carlos Upegui por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña para las elecciones del 29 de octubre de 2023.
La medida, que incluye la formulación de un pliego de cargos, marca un nuevo episodio en las controversias que han rodeado al exaspirante respaldado por el movimiento Independientes.
La decisión del tribunal electoral se adoptó tras una denuncia presentada el 1 de noviembre de 2023 por el congresista del Centro Democrático, Hernán Cadavid, quien advirtió sobre posibles aportes provenientes de fuentes prohibidas, como contratistas del Estado y servidores públicos del Distrito de Medellín.
Según Cadavid, esto violaría el artículo 396 del Código Penal colombiano, que sanciona la financiación de campañas con recursos de procedencia ilícita o no permitida.
En el proceso de revisión, el CNE determinó que al menos cuatro contratistas habrían realizado aportes que superan el límite legal permitido. La norma establece que quienes tengan contratos con el Estado no pueden donar más del 50 % de sus ingresos anuales a campañas políticas.
Los aportantes cuestionados son Ana María Cruz Ruiz, Andrea Velásquez Mesa y Ángela María Manrique, quienes entregaron cinco millones de pesos cada una, y Fabián David Ortiz Pinzón, quien contribuyó con diez millones.
Aunque la denuncia original mencionaba a catorce contratistas, la investigación del CNE concluyó que solo estos cuatro habrían infringido la normativa.
Con esta decisión, Juan Carlos Upegui deberá enfrentar un proceso formal ante el órgano electoral, mientras crecen las tensiones en torno al manejo de recursos en campañas políticas locales, especialmente en Medellín, una ciudad que ha sido epicentro de disputas políticas intensas en los últimos años.
Upegui ha denunciado que todo hace parte de una persecución política contra sectores de oposición al entonces alcalde Federico Gutiérrez, pero tanto el Consejo de Estado como el CNE han considerado que existen pruebas suficientes para actuar.
Las decisiones, tanto la de la pérdida de investidura como la investigación por financiación ilegal, representan duros golpes a la carrera política de Upegui y podrían tener efectos en el equilibrio político del Concejo de Medellín, así como en el futuro del movimiento que representa.
