El nombre de Luis Alberto Herrera, gloria del ciclismo nacional y campeón de la Vuelta a España, vuelve a ocupar titulares, esta vez no por hazañas deportivas sino por una investigación penal de alto impacto.
Fuentes judiciales confirmaron que la Fiscalía General de la Nación fijó para el próximo 10 de abril de 2026 la diligencia de indagatoria contra el exciclista y su hermano Rafael Herrera, dentro del proceso por la desaparición de cuatro campesinos en zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca.
Las víctimas fueron identificadas como Víctor Manuel Rodríguez Martínez, Diuviseldo Torres Vega, Gonzalo Guerrero Jiménez y José del Carmen Rodríguez Martínez. Según el expediente, los hombres fueron interceptados por sujetos armados y posteriormente desaparecidos, en hechos que se investigan como delito de lesa humanidad.
El caso se tramita bajo la Ley 600 de 2000, es decir, el antiguo sistema penal colombiano, lo que implica que la indagatoria será determinante para definir la situación jurídica de los hermanos Herrera.
La investigación se desarrolla en el contexto de la presencia paramilitar que operó en la región a finales de los años noventa y comienzos de los 2000. Parte del material probatorio incluye declaraciones de exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC).
En una de las versiones que reposan en el expediente se señala que Herrera habría identificado a los campesinos como supuestos colaboradores de la guerrilla y que, presuntamente, habría solicitado apoyo a alias “Martín Llanos”, quien entonces comandaba esa estructura armada en la zona. Estas afirmaciones hacen parte del acervo probatorio que la Fiscalía continúa contrastando y verificando.
Otro testimonio clave es el de alias “Ojitos”, también exintegrante de las ACC. Según su declaración, detrás de la desaparición existiría un posible interés en predios vecinos a propiedades de la familia Herrera en Fusagasugá.
De acuerdo con esa versión, el exciclista supuestamente buscaba apropiarse de esas tierras, lo que habría motivado los señalamientos contra los campesinos. No obstante, las autoridades judiciales han reiterado que todas estas afirmaciones están en etapa de corroboración y que no constituyen aún conclusiones definitivas.
En medio de las diligencias relacionadas con la desaparición forzada, surgió una nueva línea investigativa que involucra a Rafael Herrera por un presunto abuso sexual ocurrido a comienzos de los años 2000.
Según información conocida por medios nacionales, la denunciante —hermana de una de las personas desaparecidas— aseguró que trabajó siendo menor de edad como empleada de limpieza en el Motel Acuarios de Fusagasugá, propiedad de la familia Herrera. En su testimonio relató que, tras pocas semanas de trabajo, habría sido encerrada y amenazada con un arma de fuego por Rafael Herrera. Las autoridades investigan si los hechos se habrían repetido en varias ocasiones.
La Fiscalía insistió en que tanto Luis Alberto Herrera como su hermano gozan de la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial en firme. La indagatoria prevista para abril será un paso clave dentro de un proceso que combina memoria histórica, conflicto armado y posibles intereses agrarios.
La investigación sigue abierta y el país estará atento a lo que ocurra el próximo 10 de abril, cuando el héroe de las montañas comparezca ante la justicia, esta vez no para disputar una etapa, sino para responder por graves señalamientos.
