Un juez de Bogotá ordenó cinco días de arresto contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, al considerar que incumplió un fallo de tutela que le exigía responder de manera completa un derecho de petición presentado por la representante a la Cámara Katherine Miranda sobre las actuaciones del Ministerio frente a denuncias de acoso laboral y violencia basada en género en RTVC.
La decisión fue adoptada por el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá, que concluyó que el funcionario no acató la sentencia emitida el pasado 20 de mayo de 2026. Aunque el Ministerio respondió la solicitud de la congresista, el despacho judicial determinó que la respuesta no resolvió de fondo la totalidad de las 12 preguntas formuladas.
En el auto de desacato, el juez declaró que Antonio Sanguino, en su condición de ministro de Trabajo, incumplió la orden judicial que le exigía responder “de forma y de fondo” el derecho de petición radicado el 24 de marzo de 2026, entregando información detallada sobre las actuaciones adelantadas por la cartera frente a las denuncias de acoso y violencia basada en género al interior del sistema de medios públicos RTVC.
La solicitud había sido presentada por la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, quien buscaba conocer el estado de las investigaciones y las medidas adoptadas por el Ministerio frente a los señalamientos conocidos en esa entidad.
El fallo de desacato representa un duro llamado de atención al Ministerio de Trabajo y deja en evidencia que, para la justicia, la respuesta entregada por la cartera no cumplió con los estándares exigidos para garantizar el derecho fundamental de petición.
Tras conocerse la decisión, el ministro Antonio Sanguino confirmó que ya fue notificado oficialmente y aseguró que interpondrá el recurso de apelación, buscando que una instancia superior revoque la sanción impuesta.
Mientras se resuelve el recurso, la decisión vuelve a poner en el centro del debate el cumplimiento de las órdenes judiciales por parte del Gobierno Nacional y la obligación de las entidades públicas de responder de manera completa, clara y oportuna las solicitudes de información formuladas por los ciudadanos y los organismos de control.
La determinación judicial añade un nuevo capítulo de tensión para el Ejecutivo, en momentos en que RTVC continúa siendo objeto de cuestionamientos por denuncias relacionadas con presuntos casos de acoso laboral y violencia basada en género, asuntos sobre los cuales la justicia exige respuestas concretas y actuaciones transparentes por parte del Estado.
