La crisis energética entró de lleno en un pulso institucional de alto voltaje. La Corte Constitucional decidió dejar sin efecto de manera provisional uno de los decretos centrales del paquete de emergencia económica expedido por el Gobierno de Gustavo Petro para enfrentar el colapso financiero del sector eléctrico, una determinación que amenaza con agravar la incertidumbre sobre la prestación del servicio, especialmente en la región Caribe.
La medida recae sobre el Decreto Legislativo 044 del 21 de enero de 2026, cuyas disposiciones tributarias y operativas quedan suspendidas mientras el alto tribunal define su constitucionalidad. En su decisión, la Corte fue tajante, el decreto “no producirá efectos” desde la fecha de la providencia y permanecerá congelado hasta que exista un fallo definitivo de fondo.
La decisión fue adoptada por la Sala Plena con una votación de seis magistrados contra dos, un hecho que refleja la profunda división interna frente a las herramientas utilizadas por el Ejecutivo en el marco del estado de emergencia económica y social. Respaldaron la suspensión los magistrados Carlos Camargo, Lina Escobar, Paola Meneses, Miguel Polo, Natalia Ángel y Juan Carlos Cortés. En desacuerdo quedaron Vladimir Fernández —ponente del caso— y Héctor Carvajal.
El impacto es inmediato y sensible. Entre las medidas suspendidas se encuentra la creación de un tributo parafiscal del 2,5 % sobre las utilidades de las empresas generadoras de energía, calculado con base en los estados financieros de 2024 y 2025 y que debía pagarse en dos cuotas durante 2026. También quedó en el congelador la obligación para los generadores hidráulicos de aportar energía en especie durante este año, destinada a sostener el suministro en empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos.
La principal beneficiaria de este esquema era Air-e, compañía que lleva cerca de año y medio intervenida y cuya fragilidad financiera ha puesto en jaque la continuidad del servicio en amplios sectores de la Costa Caribe. Para analistas del sector, la suspensión de estos instrumentos deja a la empresa —y a millones de usuarios— en un limbo peligroso, justo cuando el sistema enfrenta uno de sus momentos más críticos.
No es un hecho aislado. La Corte ya había suspendido anteriormente el decreto matriz de la emergencia energética, el Decreto 1390 de 2025, también firmado por el presidente Petro. Con esta nueva decisión, se consolida una tendencia judicial de frenar, al menos de manera temporal, las principales apuestas del Ejecutivo para enfrentar la crisis del sector.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El pasado 4 de febrero, la Presidencia solicitó formalmente a la Corte Constitucional la nulidad de la suspensión, argumentando que la decisión “afecta la confianza legítima que la ciudadanía deposita en las instituciones”. En un documento firmado por el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, el Ejecutivo acusó al alto tribunal de incurrir en una “violación ostensible y trascendental del debido proceso”.
Según el Gobierno, la Corte no evaluó de forma exhaustiva los conceptos requeridos durante la deliberación en Sala Plena y aplicó una figura —la suspensión provisional de decretos legislativos— que, a juicio del Ejecutivo, no existe en el ordenamiento jurídico vigente. El escrito cita la Sentencia C-178 de 1994 para sostener que la Constitución y la jurisprudencia excluyen expresamente este mecanismo.
El documento va más allá y advierte que la Corte se habría atribuido una facultad “inconstitucional que ni siquiera el legislador estatutario estaba en capacidad de otorgarle”, lo que, según la Presidencia, pone en riesgo la seguridad jurídica y la estabilidad institucional. Ocampo insistió en que, desde 1991, el tribunal había mantenido una línea clara negándose a suspender decretos legislativos y pidió coherencia jurisprudencial.
Ahora, la pelota vuelve a estar en la cancha de la Corte Constitucional, que deberá decidir en los próximos días si declara la nulidad de los autos que suspendieron tanto el decreto matriz 1390 como el Decreto 1474 de 2025, que también establecía nuevos impuestos para el sector.
Entre tanto, el país observa un choque frontal entre el Ejecutivo y el máximo tribunal constitucional, con el sistema energético como rehén de una batalla jurídica que, mientras se resuelve, deja en vilo la financiación, la operación y la estabilidad del servicio eléctrico en las zonas más vulnerables del país.
