En una decisión sin precedentes en la historia política y judicial de Colombia, la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, dejando en claro que el soborno a testigos no tiene una relación de causalidad pues no se ha demostrado que se buscó con eso determinar un testimonio a favor del expresidente por parte de la exfiscal Hilda Niño.
La audiencia inició puntualmente a las 8:30 de la mañana. Uribe, quien no asistió de forma presencial, siguió el fallo conectado virtualmente, como lo hizo durante la mayor parte del proceso judicial. A sus espaldas queda uno de los juicios más mediáticos, complejos y controversiales de los últimos tiempos en Colombia.
Tras meses de juicio oral, más de 70 testigos, pruebas documentales, interceptaciones y videos presentados por la Fiscalía, el despacho judicial concluyó que Uribe, a través de su abogado Diego Cadena, lideró una estrategia para influir de manera indebida en versiones judiciales que lo comprometían con antiguos grupos paramilitares.
Según la jueza Heredia, quedó demostrado que se ofrecieron beneficios y favores a testigos detenidos con el fin de que modificaran sus declaraciones, entre ellos Juan Guillermo Monsalve, quien vinculó al expresidente y a su hermano Santiago Uribe con la conformación de estructuras paramilitares en Antioquia.
La Fiscalía sostuvo durante todo el juicio que las gestiones de Cadena no fueron actos de defensa legítima, sino parte de una operación para fabricar pruebas falsas que favorecieran a Uribe y perjudicaran al senador Iván Cepeda, quien terminó siendo víctima en este proceso.
Una denuncia que se devolvió como bumerán
El caso se remonta a 2012, cuando el entonces senador Álvaro Uribe denunció a Iván Cepeda por abuso de función pública, fraude procesal y calumnia, luego de que este presentara en el Congreso declaraciones de exparamilitares como Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes aseguraron que la familia Uribe había promovido el paramilitarismo en Antioquia.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia contra Cepeda y abrió una investigación contra Uribe, tras detectar indicios de que este habría intentado manipular testigos desde las cárceles. Fue el punto de partida de un proceso que hoy concluye con una condena histórica contra quien fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010.
En el fallo condenatorio la jueza avaló las grabaciones obtenidas por el reloj espía de Juan Guillermo Monsalve categorizándolas como confiables, por otra parte, la jurista precisó que tendrá presente las declaraciones de Carlos Enrique Vélez Ramírez, Juan Guillermo Monsalve, Eurídice Cortés Velasco y alias Diana en el presunto soborno en actuación penal, y, también mencionó la validez de las interceptaciones que abordaron el asunto del fuero, la defensa del exmandatario reiteró que Uribe nunca ordenó ofrecer beneficios ilegales y que su único interés era que los testigos dijeran la verdad. Afirmaron además que el proceso fue impulsado políticamente por sus opositores, y que apelarán la decisión ante instancias superiores.
Con este fallo, se abre un capítulo inédito en la historia del país: es la primera vez que un expresidente de Colombia es condenado penalmente por delitos cometidos después de su mandato. La sentencia reconfigura no solo el futuro político del exmandatario, sino también el rumbo del partido Centro Democrático y el debate nacional sobre la justicia y la verdad en medio del conflicto armado.
El país entra ahora en una etapa de definiciones. Queda pendiente la audiencia de individualización de la pena, en la que se conocerá cuántos años deberá pagar Uribe, y si enfrentará una pena privativa de libertad efectiva.
Álvaro Uribe Vélez, de 73 años, podría enfrentar una pena de entre 6 y 12 años de prisión. Su defensa anticipó que apelará el fallo. Por su edad y condiciones, es posible que solicite detención domiciliaria, aunque esta decisión aún no ha sido determinada por el juez.
Además, la condena conlleva la inhabilitación para ocupar cargos públicos, lo que representa el mayor revés político en su carrera y una fuerte sacudida al partido Centro Democrático, del cual es fundador.
Mientras tanto, miles de ciudadanos, seguidores y detractores, siguen reaccionando en redes sociales y en las calles, ante una decisión que sacude las estructuras políticas del país y quedará registrada en los libros de historia como un antes y un después en la relación entre poder y justicia en Colombia.
