Por el caso del presunto entramado de corrupción alrededor predio Aguas Vivas en Medellín, a dos exfuncionarias más de la administración del exalcalde Daniel Quintero fueron vinculadas oficialmente al proceso y les imputaron delitos en una audiencia reservada durante la noche del 6 de mayo.
Se trata de Ingrid Vanessa González, exsecretaria de Gestión Humana, y Yina Marcela Pedraza Gómez, exsubsecretaria legal de Movilidad, que ahora responden por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Ambas son acusadas de haber modificado irregularmente el avalúo del terreno, una operación que podría haber favorecido intereses privados y que, según las autoridades, generó un posible detrimento patrimonial para la ciudad.
En abril, un juez de control de garantías avaló las imputaciones contra once personas inicialmente procesadas en el caso, entre ellas el propio exalcalde Daniel Quintero y varios de sus colaboradores cercanos. Todos los implicados, incluidos González y Pedraza, se han declarado inocentes de los cargos.
Con González y Pedraza, el número de personas vinculadas al proceso penal asciende a 13. En abril, un juez había avalado imputaciones contra once personas, entre ellas el exalcalde Quintero y varios de sus colaboradores.
El caso Aguas Vivas ha estado en el foco de atención debido a la supuesta intervención de diversas dependencias del Distrito para gestionar de manera cuestionada la entrega y posible compraventa del lote. Según las investigaciones, estas acciones habrían beneficiado a entidades privadas, situación que ya había llevado a imputaciones previas por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Con esta decisión firme, el proceso judicial avanza hacia una nueva etapa. La Fiscalía tendrá 240 días para presentar el escrito de acusación, unificará los procesos y dará inicio formal a la fase de juicio, en la que se debatirán las responsabilidades penales de los implicados. Este periodo será decisivo, aunque no exento de tensiones. Mientras las defensas critican al ente investigador por falta de claridad en la imputación, el juez encargado ha señalado maniobras dilatorias que entorpecen el desarrollo procesal.
