En la mañana del jueves 3 de julio de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la captura del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia Carlos Ramón González por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd).
Durante la audiencia judicial, el magistrado Leonel Rogeles tomó la decisión tras analizar las pruebas que aportó la Fiscalía en contra del funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro, donde se le imputaron los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
“Para proteger a la comunidad del actual criminal desplegado por este ciudadano, es preciso imponerle medida restrictiva de la libertad debido a que se le reprocha su probable vinculación a la organización criminal”, señaló el juez en la lectura del auto judicial.
Así mismo, el togado resaltó que “existen elementos probatorios que indican que González Merchán fue la persona que acudió a ellos —los congresistas— en su calidad de director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para lograr mediante sobornos el pago ilegal a los presidentes de Cámara y Senado por los proyectos presentados por el Gobierno nacional, y que además dio instrucciones a Olmedo López para pagar esas coimas con fondos públicos de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres”.
El documento establece que, una vez se materialice la detención, Carlos Ramón González deberá ser trasladado al establecimiento de reclusión que el Inpec determine.
“Una vez se haga efectiva la captura del imputado, se le traslade al establecimiento de reclusión que el INPEC considere pertinente, para la correspondiente reseña, verificación y custodia del cumplimiento de la medida aquí impuesta”, señala el texto oficial.
Durante la diligencia, la fiscal del caso argumentó que González representa un peligro para la sociedad y debe permanecer privado de la libertad, agregando que González fue el determinador de los hechos de corrupción que han llevado a media docena de funcionarios a prisión.
Actualmente, el exdirector del Dapre se encuentra fuera del país. Frente a ello, la Fiscalía no descarta que el exfuncionario se encuentre en Managua, Nicaragua, por lo que, según el ente acusatorio, tendría intenciones de evadir la justicia.
“Es altamente probable que Carlos Ramón González no tenga la intención de someterse a la investigación, a la persecución penal ni al cumplimiento de una eventual pena”, mencionó la fiscal del caso María Cristina Patiño, durante la audiencia judicial.
Ante ello, el juez Rugeles precisó que “su constante ingreso y salida de territorio colombiano, es probable que se ausente del país para evitar el ejercicio de la acción penal adelantada en su contra, entre otros motivos, dadas las penas tan altas a las que se podría enfrentar, en caso de ser vencido en juicio”.
Por qué fue acusado Carlos Ramón González
El caso se centra en hechos ocurridos entre el 18 y el 21 de septiembre de 2023, cuando González, en su calidad de director del Dapre, habría solicitado contratos por un valor de 60.000 millones de pesos para el entonces presidente del Senado Iván Name, y más de 10.000 millones de pesos para el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, ambos funcionarios huy detenidos.
Según la Fiscalía, estos contratos fueron posteriormente modificados, resultando en pagos en efectivo de 3.000 millones de pesos para Name Vásquez y 1.000 millones de pesos para Calle. La ejecución de estas transacciones habría sido delegada por López a Sneyder Pinilla, que se encargó de gestionar los recursos.
La ejecución de estas transacciones habría sido delegada por López a Sneyder Pinilla, quien asumió la gestión de los recursos. El ente acusador detalla que González utilizó su posición de poder para coordinar las operaciones ilícitas, mientras que otros funcionarios y colaboradores ejecutaron las órdenes para asegurar el flujo de dinero hacia los destinatarios finales.
