A pocos días de las elecciones legislativas, un nuevo escándalo sacude el panorama político nacional. Luis Alfredo Acuña Vega, escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y asignado al esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, fue capturado en Hatonuevo cuando transportaba $145 millones en efectivo y propaganda electoral.
El procedimiento se realizó en la vía Distracción–Cuestecitas, en La Guajira, donde uniformados de la Policía Nacional de Colombia interceptaron una camioneta Toyota en la que se movilizaban dos personas. En el vehículo fueron hallados siete sobres con dinero en efectivo, marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento, además de material publicitario a favor del candidato al Senado Daniel Restrepo, actual representante a la Cámara por el Partido Conservador.
El director de la Policía Nacional, William Rincón, confirmó que el dinero, presuntamente, estaría destinado a la compra de votos.
“El dinero fue hallado oculto en un vehículo en el que también se encontró propaganda política alusiva a un candidato al Senado. Los recursos estaban distribuidos en siete sobres, lo que evidenciaría una posible estructura para la comisión de delitos electorales”, señaló el oficial, quien precisó que dos personas fueron capturadas y deberán responder ante la justicia.
Por su parte, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, confirmó la detención y aclaró que el vehículo en el que se transportaba Acuña Vega no pertenece a la entidad. Agregó que desde la Presidencia existe una instrucción expresa para reforzar la vigilancia frente a delitos electorales.
El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en la red social X, asegurando que hay orden directa para capturar a quienes incurran en compra de votos.
“La Policía Nacional tiene orden del Presidente de la República de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la Fiscalía por delitos contra el sufragio. La compra de votos permite que los criminales se adueñen del Estado y de la ley en contra del pueblo”, manifestó el jefe de Estado.
En Colombia, los delitos electorales están tipificados en el Código Penal y desarrollados en la Ley 1864 de 2017. Conductas como la compra y venta de votos, el fraude electoral, el constreñimiento al sufragante y la financiación ilícita de campañas pueden acarrear penas de entre 4 y 8 años de prisión, además de multas que pueden superar los 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Cuando los implicados son servidores públicos, las sanciones pueden agravarse e incluir inhabilidad para ejercer cargos públicos.
El caso, que estalla en plena recta final hacia las urnas, enciende las alertas sobre la transparencia del proceso electoral y abre un nuevo frente judicial y político que podría tener repercusiones en los próximos días. Las autoridades aseguraron que continuarán desplegando todas sus capacidades para garantizar elecciones libres y en plena legalidad.
