Una tormenta política se desató en Córdoba tras la captura del exconcejal de Montelíbano, Misael Augusto Villarreal, sorprendido por las autoridades transportando más de $434 millones en efectivo en una vía del departamento. El operativo, adelantado en el marco del Plan Democracia de cara a las elecciones legislativas, encendió las alarmas por una posible operación de compra de votos, un fantasma recurrente en las contiendas electorales del país.
La detención se produjo en la carretera que comunica Montería con Planeta Rica, a la altura del peaje Purgatorio, donde uniformados de la Policía interceptaron el vehículo en el que se movilizaba Villarreal junto a una mujer. Durante la inspección, los agentes encontraron $434.700.000 en efectivo dentro de un bolso negro, dinero cuya procedencia no pudo ser justificada por los ocupantes del automóvil.
El hecho tomó un giro político inmediato al conocerse que Villarreal es aliado de la representante a la Cámara por Córdoba, Ana Paola García Soto, del Partido de la U, quien actualmente busca dar el salto al Senado con el respaldo del excabildante.
Ante el escándalo, la congresista emitió un comunicado para tomar distancia del episodio. García Soto aseguró que Villarreal es “uno de esos tantos respaldos” dentro de su movimiento político y lo describió como un “destacado profesional transparente vinculado a una multinacional”.
La representante también recordó su vínculo con Montelíbano, municipio donde —según explicó— vivió durante más de 13 años y donde trabajó como abogada de la Alcaldía. “La comunidad conoce mi trayectoria profesional y mi vida familiar”, afirmó, agregando que su aspiración al Senado ha recibido el respaldo de “miles de ciudadanos por ser la única candidata de esa región”.
Sin embargo, la candidata fue enfática en señalar que la detención del exconcejal no guarda relación con su campaña política. “No fue detenido en acciones proselitistas a mi favor ni en desarrollo de alguna actividad relacionada”, indicó, subrayando además que las cuentas de su campaña han sido reportadas ante la autoridad electoral conforme a la ley.
Entre tanto, la Policía confirmó que, además del dinero, fueron incautados dos teléfonos celulares, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades como parte de la investigación para determinar el origen y la posible destinación de los recursos.
“El dinero era transportado sin que los ocupantes lograran justificar ni acreditar de manera clara la legalidad ni la procedencia de los recursos”, señaló la institución en su informe oficial.
Los capturados fueron identificados como Misael Augusto Villarreal y Virginia Rosa Urango, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía y serán judicializados por el presunto delito de lavado de activos.
La situación adquiere mayor peso político al recordar que Villarreal había sido elegido concejal de Montelíbano para el periodo 2024–2027 por el Partido de la U, pero perdió su investidura en agosto de 2025 por decisión del Consejo de Estado. El alto tribunal determinó que incurrió en una irregularidad al no declarar un conflicto de intereses durante la elección del secretario del Concejo.
Las autoridades buscan establecer si el dinero tenía como destino financiar actividades ilegales dentro del proceso electoral o si corresponde a otra operación financiera irregular.
