A menos de una semana de que venza el plazo definitivo para inscribir candidatos y ordenar la impresión de los tarjetones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue sin resolver si el senador Iván Cepeda puede o no participar en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo. El caso, lejos de destrabarse, entró en un laberinto jurídico marcado por empates, impedimentos y ausencias que mantienen la decisión en el aire.
La definición quedó en manos de conjueces, luego de que la Sala Plena del CNE no lograra mayoría suficiente para adoptar una decisión de fondo. La ponencia que analizaba la participación de Cepeda en la consulta del llamado frente de izquierda terminó con una votación 5-4, insuficiente frente a los 6 votos requeridos, lo que obligó a activar el mecanismo de desempate previsto en la ley.
Por sorteo fueron designados como conjueces Alejandro Felipe Sánchez Cerón, postulado por el Centro Democrático, y Manuel Antonio Abella, del Partido Liberal. Como conjuez remanente quedó Gustavo Martín Coral, de Colombia Justa Libres, quien solo entraría en caso de impedimento o ausencia de alguno de los principales.
Sin embargo, el proceso se enredó aún más cuando Sánchez Cerón presentó formalmente su impedimento, en un documento de seis páginas, al señalar que hizo parte del equipo de defensa del expresidente Álvaro Uribe en el proceso penal por presunta manipulación de testigos, originado en una denuncia del propio Iván Cepeda.
El conjuez sostuvo que esa actuación previa podría encajar en una causal de impedimento, al haber sido asesor de una parte con interés directo en un asunto que ahora debe decidir el CNE, más aún tratándose de un actor político con un rol central en la oposición a ese sector.
El impedimento, lejos de resolverse de inmediato, abrió otro frente de incertidumbre. Para que Sánchez quede apartado del caso, la Sala Plena del CNE debe votar su recusación. Pero el organismo enfrenta ahora otra dificultad: uno de sus magistrados está fuera del país.
Se trata de Altus Baquero, quien viajó a India en misión oficial y cuyo voto había sido determinante, tras cambiar de postura a última hora y respaldar la participación de Cepeda en la consulta. Con su ausencia, en el CNE se anticipa otra votación 5-4, esta vez sobre el impedimento del conjuez, lo que obligaría a sortear nuevos conjueces y prolongar aún más el proceso.
A este escenario se suma un hecho insólito, el otro conjuez designado, Manuel Antonio Abella, no ha respondido los llamados del CNE desde que fue notificado. Según fuentes del organismo, no contesta el teléfono y no hay confirmación de su paradero, lo que impide completar el esquema de decisión.
Todo ocurre contra el reloj electoral. El 6 de febrero vence el plazo para inscribir precandidatos y para que la Registraduría Nacional inicie la contratación e impresión de los tarjetones de la consulta del 8 de marzo. Esa fecha es inamovible y deja apenas horas para que el CNE resuelva impedimentos, nombre nuevos conjueces —si es necesario— y adopte una decisión definitiva.
Mientras no exista un pronunciamiento de fondo, Iván Cepeda continúa formalmente inscrito como precandidato. Si el CNE no decide antes del 6 de febrero, la Registraduría estaría obligada a imprimir el tarjetón con su nombre y fotografía, incluso si la controversia jurídica sigue abierta.
Aunque se especula sobre el impacto que tendría una eventual exclusión de Cepeda en la consulta de la izquierda, en el CNE y en los partidos insisten en que el mecanismo sigue en pie mientras el calendario electoral avance sin cambios formales.
La clave ahora está en si los conjueces —los ya designados o los que deban sortearse nuevamente— logran destrabar el caso antes de que el tiempo se agote, o si el proceso quedará marcado por una decisión tomada, de hecho, por el reloj y no por el tribunal electoral.
