El Bajo Cauca antioqueño completa más de una semana sumido en el caos. Bloqueos, quema de vehículos, saqueos e intimidaciones a la población tienen en jaque a la región, mientras las negociaciones entre el Gobierno nacional y los mineros informales se estancan y la intervención de la fuerza pública aviva aún más la tensión.
El epicentro de la crisis es Caucasia, donde la protesta minera —originada por la destrucción de maquinaria amarilla en operativos contra la minería ilegal— ha escalado a niveles críticos. A pesar de que se instalaron mesas de diálogo con la denominada Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba, solo se lograron siete acuerdos de las 20 peticiones planteadas, dejando las conversaciones a medio camino.
La situación se agravó tras la intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antes conocida como Esmad, lo que desató disturbios y enfrentamientos.
Videos difundidos en redes sociales muestran escenas alarmantes; motocicletas incineradas, vías bloqueadas con barricadas y ataques a vehículos. Habitantes denuncian que ni siquiera ambulancias han podido transitar con normalidad, mientras el miedo se apodera de la población.
En corredores clave como la Troncal que conecta con Tarazá, manifestantes han lanzado piedras contra buses y carros particulares, en hechos que por poco terminan en tragedia. Además, en medio de los disturbios, fue saqueado un supermercado de la cadena D1 en el barrio Asovivienda.
Los primeros días de la protesta ya habían dejado la quema de una retroexcavadora perteneciente a una empresa de la región, lo que marcó el tono de una movilización que hoy parece desbordada.
En medio de la crisis, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó fuertes críticas al Gobierno nacional durante un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el que participaron el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
“Antioquia y Colombia entera han estado secuestradas por el caos”, afirmó Rendón, quien cuestionó la falta de resultados en las negociaciones y pidió una intervención más contundente de la fuerza pública.
Sus declaraciones abren un nuevo frente de controversia, al insinuar que la crisis se prolonga en medio de cálculos políticos, mientras miles de ciudadanos —transportadores, comerciantes y familias— enfrentan pérdidas económicas y restricciones de movilidad.
La incertidumbre crece mientras no hay claridad sobre cuándo se levantará el paro ni cómo se restablecerá el orden.
Entre tanto, el Bajo Cauca sigue atrapado entre la protesta, la violencia y un diálogo que no logra avanzar, en una crisis que ya desborda lo local y pone en evidencia las tensiones estructurales entre la minería informal, el Estado y el control del territorio.
