La violencia volvió a golpear a La Guajira en plena recta final electoral. Un atentado terrorista atribuido al Ejército de Liberación Nacional sacudió la madrugada de este miércoles al Batallón Cartagena de Riohacha, sede de la Primera División del Ejército Nacional, dejando 12 uniformados heridos y severos daños en la infraestructura militar y viviendas cercanas.
El ataque, perpetrado con explosivos artesanales conocidos como “tatucos”, encendió las alarmas de las autoridades ante el deterioro de la seguridad en una región estratégica para las rutas del narcotráfico y marcada por la presencia de grupos armados ilegales.
El secretario de Gobierno de La Guajira, Misael Velásquez, confirmó que entre los lesionados se encuentran dos suboficiales, siete soldados profesionales y tres soldados regulares, quienes fueron atendidos por personal médico y, afortunadamente, no presentan heridas de gravedad.
Según las primeras investigaciones, los explosivos fueron lanzados desde un vehículo en movimiento que transitaba por la vía Cucurumana, a una distancia aproximada de entre 350 y 400 metros de la unidad militar.
Las autoridades indicaron que los atacantes utilizaron un sistema improvisado con cables para direccionar el lanzamiento de los artefactos explosivos, permitiendo que impactaran directamente sobre las instalaciones del batallón.
“El ataque destruyó la guardia o entrada principal del Batallón Cartagena”, explicó Velásquez, quien además detalló que la explosión afectó un cuarto de alistamiento militar y causó daños materiales en viviendas civiles ubicadas en los alrededores de la guarnición.
La hipótesis principal de las autoridades apunta a que el atentado sería una retaliación del ELN por las recientes capturas y operativos adelantados por la Fuerza Pública contra integrantes de esa organización armada ilegal en la región Caribe.
Sin embargo, uno de los aspectos que más preocupa a los organismos de seguridad es el posible uso de territorios indígenas para ocultar o acondicionar los explosivos antes del ataque. Las investigaciones buscan establecer si los artefactos eran almacenados en rancherías cercanas o si el vehículo utilizado fue preparado dentro de esos asentamientos.
El atentado ocurre en un momento especialmente sensible para el país: a tan solo cuatro días de las elecciones, en medio de crecientes alertas por amenazas al orden público en distintas regiones.
Velásquez advirtió que La Guajira enfrenta un escenario complejo debido a su condición de “frontera porosa”, donde convergen corredores estratégicos entre la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, territorios históricamente disputados por estructuras criminales y grupos armados ilegales que buscan controlar rutas del narcotráfico y economías ilícitas.
Tras el ataque, fue convocado un Consejo Extraordinario de Seguridad con presencia de autoridades civiles, militares y organismos de inteligencia para evaluar las capacidades de reacción del Estado frente a este tipo de acciones terroristas.
El funcionario reconoció que los mecanismos actuales de inteligencia y tecnología “no han sido suficientes para afrontar este fenómeno”, mientras unidades especializadas mantienen acordonada la zona para descartar la presencia de otros explosivos que puedan poner en riesgo a la población civil.
El atentado revive el temor por una escalada terrorista en el país y deja nuevamente en evidencia la capacidad operativa de los grupos armados para atacar instalaciones militares incluso en zonas urbanas, en momentos donde Colombia atraviesa una de las campañas electorales más tensas de los últimos años.
